Luego de once años, Ricardo Lorenzetti dejará la presidencia de la Corte Suprema. Así fue decidido este martes en una reunión que realizaron los ministros del máximo tribunal y en la que adelantaron una discusión que se esperaba para fin de año.
Lorenzetti, que continuará como miembro de la Corte Suprema de Justicia, será reemplazado en la presidencia por Carlos Rosenkrantz. Como vice fue elegida Elena Highton de Nolasco. Los cambios se oficializarán el 1° de octubre.
El nuevo binomio, que tendrá mandato por tres años, y asumirá la conducción del máximo tribunal realizó la propuesta de adelantar la votación.
Se impuso 4-1, con el apoyo incluido del presidente saliente, quien -explicaron sus allegados- pretende dedicarle más tiempo a una de sus pasiones: la actividad académica.
De hecho, ya tiene en carpeta varias invitaciones para disertar en el exterior. Carlos Maqueda fue el único que votó en contra de los cambios. Rosenkrantz, de 59 años, fue nominado para integrar la Corte Suprema por Mauricio Macri. Se recibió con honores en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un magíster y un doctorado de derecho de la Universidad de Yale.
Hasta su designación como juez del máximo tribunal se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.
Con el cambio de autoridades se inicia una nueva etapa en la Corte.
Con Lorenzetti como presidente, el tribunal dictó sentencias históricas que marcaron una época. Precisó el alcance del aborto no punible, estableció que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es no punible, ordenó la limpieza del Riachuelo, instituyó la acción de clase e impulsó múltiples reivindicaciones a los jubilados a partir del caso Badaro.
Rosenkrantz
Rosenkrantz es un abogado de 59 años recibido con honores en la UBA, que cuenta con un magíster y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale. Es el primer ministro de la Corte Suprema de origen judío de la historia argentina.
Hasta su designación como juez del máximo tribunal se desempeñaba como rector de la Universidad de San Andrés. Antes fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law, en la Denver University, en la Universitat Pompeu Fabra, España y en la UBA.
Identificado con el radicalismo, en 1984 ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Raúl Alfonsín, y fue discípulo del destacado jurista y filósofo Carlos Nino.
Trabajó en normas de relevancia institucional, como “las que abolieron la censura establecida por la dictadura militar, las que reformaron el Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 y el decreto que mandó a enjuiciar efectivamente a los Comandantes de las Juntas”.
Como rector de la Universidad de San Andrés, cargo que asumió en 2008, apoyó la creación del “Centro de Estudios Anticorrupción”, que actualmente lidera Manuel Garrido. Y escribió el prólogo del libro Cosa juzgada fraudulenta, de Federico Morgenstern, un ensayo sobre la cosa juzgada írrita, figura jurídica que podría aplicarse para reabrir casos de corrupción que fueron cerrados, como el del enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner.
En ese texto, que da fundamento jurídico al juzgamiento de hechos de corrupción que fueron cerrados de manera irregular, advierte que para avalar esa teoría –que relativiza el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho- es fundamental que “el imputado haya sido responsable por la defraudación en el juicio”.
“La participación del imputado en el fraude que socava el proceso debería determinar las condiciones de aplicación de la doctrina de la sentencia írrita”, alertó.
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