Por el aborto se postergó la presentación del anteproyecto del nuevo Código Penal

Estaba previsto que el presidente Mauricio Macri hiciera mañana el anuncio del envío del anteproyecto del nuevo Código Penal al Congreso, pero el acto finalmente se postergó para cosechar mayores adhesiones y en medio de una polémica interna en el oficialismo sobre el aborto.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a uno de sus más estrechos colaboradores que el propio Presidente dispuso postergar el envío del anteproyecto para reformar Código Penal para “seguir construyendo consensos” para introducir algunos cambios menores antes de que el texto ingrese al Congreso.
“No queremos potenciar elementos de división en este momento”, señalaron las fuentes consultadas ante la decisión.
El anuncio iba a tener lugar mañana en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Iba a contar con la presencia del gabinete en pleno y de invitados especiales. El oficialismo quería que el acto se convirtiera en un hito histórico ya que el código actual data de 1921. Pero el lanzamiento fue nuevamente suspendido. Con esta es la tercera vez.
En este marco, horas después de la sesión en la Cámara alta en la que naufragó la media sanción de Diputados para la legalización del aborto, Macri confirmó sin mencionarlo lo que había sobrevolado durante el debate en el recinto del Senado: que incluiría la despenalización de la mujer en el proyecto del Código Penal.
Las diferencias entre un sector del Gabinete y la Comisión Redactora del nuevo Código respecto de la eventual despenalización del aborto serían los motivos de la tardanza de la presentación del nuevo Código Penal.
Según trascendió, un sector del Gobierno impulsa la eliminación total del artículo 88 del Código, que establece la pena de prisión para las mujeres que accedan a un aborto. Mientras que el proyecto de la Comisión Redactora que preside el juez Mariano Borinsky lo deja a criterio del juez.
El borrador del proyecto incluye la jurisprudencia del Fallo FAL sobre aborto no punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual y reemplaza la referencia actual a la “violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente” por “abuso sexual”.
Además, establece que cuando no existieran esas causales (que se suman a la del riesgo para la salud física o mental de la mujer) la pena de prisión será de 1 a 3 años (es decir que será excarcelable) y el juez podrá disponer que sea dejada en suspenso o directamente eximir a la mujer.
Además, el proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas, como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión, e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.
El anteproyecto del Gobierno establece también un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega además la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos. Este punto toma mayor relevancia en medio de la mega investigación impulsada por el estallido de los “cuadernos de las coimas K”.
El texto preliminar prevé aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico.
Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
La reforma del Código Penal establece además la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad, entre otros cambios.
Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, es el presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código. Los otros integrantes de la comisión son el director nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos Aires Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.