Angelo Calcaterra admitió haber entregado dinero para campañas del kirchnerismo
El ex dueño de Iecsa, que fue parte del holding de la familia Macri, se presentó en Tribunales ante el juez Bonadio. Tanto él como el ex CEO de la empresa, Sánchez Caballero, se sumaron a la lista de “arrepentidos”.
La causa por el supuesto pago de coimas en la obra pública durante el kirchnerismo comenzó ayer una semana clave con las indagatorias a los primeros empresarios detenidos. Pero además, de manera sorpresiva, el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio y sumó a la lista de "arrepentidos".
Calcaterra era dueño de la empresa Iecsa, que pertenecía al holding familiar hasta que fue vendida en marzo de 2017 a Marcelo Mindlin. Al frente de las operaciones se encontraba Javier Sánchez Caballero, actualmente detenido acusado de haber pagado coimas a ex funcionarios nacionales.
Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior. Dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.
Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y ayer excarcelado también bajo calidad de "arrepentido".
Si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.
El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.
Su abogado, Juan Araoz de Lamadrid, sostuvo que su defendido fue víctima de extorsión y no conformó una asociación ilícita, ya que era presionado con los pagos para que se destrabaran los certificados de obra de la usina de carbón de Río Turbio. "Creemos que la calificación que le correspondería sería diferente a la de asociación ilícita. Fue víctima de una extorsión por parte de los funcionarios. Si no correspondía a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían", manifestó en declaraciones a radio La Red.
Araoz de Lamadrid señaló además que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitirle la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.
El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, presentó un pedido para la exención de prisión.