El Senado retomó ayer el debate en comisiones del proyecto de legalización del aborto. La jornada contó con una ronda de expositores en la que se destacaron el ex senador peronista Eduardo Menem, el biólogo del Conicet Alberto Kornblihtt y la abogada feminista Nelly Minyersky, entre otros.
Por lo pronto, en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Penales estuvo presente la economista Sonia Tarragona, quien aseguró que en la actualidad “se está gastando dos veces y media más” en atender las consecuencias de abortos clandestinos “de lo que se gastaría con la legalización”.
La especialista se refirió de esta manera al “beneficio de la legalización desde la perspectiva de los costos”. En ese contexto, la propia Tarragona sostuvo que la atención de las consecuencias de los abortos clandestinos tiene un costo mínimo para el sistema de salud de unos $6.257 millones sobre la base de un cálculo sobre 300 mil procedimientos por año.
De esta manera, Tarragona presentó un estudio de la Asociación de Economía de la Salud en el que se presume que en un contexto de legalización harían que los costos para el sistema sean de entre $1.800 M y $2.500 M.
Como era de esperarse, la jornada no estuvo exenta de cruces. En esta oportunidad la polémica llegó por cuestionamientos al financiamiento que reciben los expositores. La senadora radical por Tucumán Silvia Elías de Pérez apuntó contra la abogada Paola Bergallo, profesora asociada de la Universidad Di Tella e investigadora adjunta del Conicet, a quien acusó de “recibir financiamiento” de Planned Parenthood, una ONG que provee servicios de salud reproductivos en Estados Unidos y en el mundo.
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