La Justicia platense hizo lugar al pedido de la defensa del ex gobernador Daniel Scioli y revocó la millonaria inhibición que le fijaran por irregularidades en obras.
Con fecha de hoy, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió rechazar la medida fijada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, que ascendía a los 189 millones de pesos, y que alcanzaba también al ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Miller.
El fallo firmado por los magistrados Raúl Dalto, Fernando Jorge Mateos y María Silvia Oyhamburu resuelve "hacer lugar a los recursos interpuestos por los señores defensores particulares y revocar por mayoría" el punto referido a "la inhibición general de bienes de los imputados", dictada por Garmendia, haciendo lugar al pedido del fiscal Alvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación abierta a partir de la denuncia de Elisa Carrió, por la que Scioli y varios ex funcionarios de su administración están procesados.
El Tribunal también hizo lugar a la apelación del fiscal, decide revocar por unanimidad e insta "a la señora jueza se expida con relación a la petición fiscal relativa a que los imputados ante cualquier eventual salida del país den previo aviso a la Fiscalía".
La causa investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), con la carátula de “Negociaciones incompatibles a la función pública”. Concretamente, la Justicia tiene bajo la lupa quince obras públicas por un monto total de 189.200.000 pesos.
A Scioli y Collia se los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo con “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El fiscal Garganta busca saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, en la causa se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio para montar un emprendimiento hotelero en Villa La Ñata, Tigre, propiedad de Scioli.
En su descargo, durante indagatoria, por escrito, el actual diputado nacional de Unidad Ciudadana declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”, en referencia a la acusación de Carrió.
Al fundamentar el pedido a la jueza Garmendia, los abogados del ex candidato presidencial del kirchnerismo sostuvieron entonces que la decisión del fiscal tiene “evidente falta de objetividad”, puesto que “no es necesario el dictado de ninguna medida de restricción que afecte a Daniel Scioli para asegurar los fines del proceso”.
En aquella oportunidad, consideraron “desproporcionada” la inhibición de bienes pedida “cuando en ningún momento de la imputación se atribuyó nuestro representado haber causado perjuicio fiscal”, dijeron los abogados defensores de Scioli.
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