El Gobierno evalúa medidas drásticas ante una demanda de US$ 3.000 millones por YPF

La mayor amenaza judicial contra la Argentina en el extranjero, una demanda de 3.000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner , ingresó a instancias cruciales en Nueva York. El Gobierno estima que los costos totales del juicio podrían trepar incluso más. Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de la Nación, viajó a Nueva York hace días para supervisar los argumentos de los abogados que representan al Estado argentino. El tribunal debe definir si el juicio corresponde trasladarlo a Buenos Aires o si avanza en Nueva York. Los tiempos están vencidos, pero el tribunal todavía adeuda una respuesta. Si la resolución de la Corte del Distrito Sur de Nueva York es desfavorable, el gobierno está convencido de que la mejor estrategia es patear el tablero. Si la corte finalmente resuelve que el juicio prosiga en Nueva York, la decisión de la Procuración del Tesoro es requerir un procedimiento que en los tribunales de Estados Unidos se conoce como “discovery process”, y que obligaría a la Justicia norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la YPF privada de los tiempos del kirchnerismo hasta los buitres. El fondo Burford no sólo compró las empresas de Ezkenazi, que manejaba YPF, sino que es un jugador global de los litigios financieros.