La Cámara de Diputados de la Nación arrancó alrededor de las 11 de la mañana a tratar en el recinto el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que contempla la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. El tema divide a todos los bloques y todavía hay alrededor de ocho legisladores indecisos, que tendrán un rol clave al definir si la iniciativa pasa al Senado o fracasa.
Ayer fue firmado un dictamen de mayoría favorable al proyecto con 64 votos a favor y 57 en contra. El escenario de virtual paridad hace que las tratativas sigan hasta último momento: está previsto que la sesión de hoy se extienda más de 15 horas en un Congreso rodeado de manifestantes a favor y en contra de la iniciativa.
El proyecto concita la atención de la dirigencia política y de la opinión pública argentina, y también la de los medios de comunicación del país y del exterior.
El artículo 196 del reglamento de la Cámara Baja dice: "Si una votación se empatase, se reabrirá la discusión, y si después de ella hubiese nuevo empate, decidirá el presidente". Es decir que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, deberá desempatar tras una segunda votación inmediata.
El texto que llegará al recinto elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.
Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud.
Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.
También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina" y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.
Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.
El proyecto establece que "en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer" y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.
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