Tarifas: Gobierno propone eliminar por ley impuestos provinciales y municipales

El Gobierno no piensa dar marcha atrás con el tarifazo y en su afán por hacer más “digeribles” los aumentos, preparó un proyecto de ley que enviará al Congreso en las próximas horas para eliminar algunos de los impuestos que pesan sobre las facturas de servicios públicos. El contenido del proyecto fue consensuado durante una reunión en la Casa Rosada en la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti, entre otros.
La iniciativa sobre la facturación de servicios públicos esenciales, pretende eliminar los impuestos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país. 
El proyecto se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales”, tiene trece artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado. 
El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.
El artículo siete, en tanto, exige que “no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados” en el párrafo anterior. Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el artículo octavo señala que “el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.
Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto  subraya que el objeto “es garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”. Además, se busca evitar “distorsiones en la información del monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura”. Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de “carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal”.
Con este proyecto, el Gobierno apunta a dar pelea en el Congreso a la oposición, que impulsa diversas iniciativas para suspender los aumentos, retrotraer los costos y, en algunos casos, bajarlos mediante la derogación de impuestos.