La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, a la Federación de Camioneros, el correo privado OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.
La denuncia se concretó tras la revelación sobre un cruce de operaciones millonarias entre Patricio Farcuh, el presidente de OCA en los papeles, y el gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano. Intercambiaron unos 100 millones de pesos entre 2014 y 2016, según se desprende de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3, a cargo de Rafael Caputo, y la Fiscalía Nº 8, a cargo de Alicia Sustaita.
Las operaciones reflejan que los Moyano son mucho más que los representantes gremiales de los 7.000 empleados que se desempeñan en la compañía postal privada más grande del país, que enfrenta hoy un concurso de acreedores y a la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) le reclama una deuda impositiva superior a los $3.400 millones por retener impuestos de terceros.
Entre las operaciones que están bajo sospecha, según el reporte de la UIF, se destaca la venta de un hotel en Pinamar que era de la Federación de Camioneros a un grupo económico vinculado con Farcuh. El negocio inmobiliario se concretó en 2014 a cambio de $77 millones, según la UIF. "Lo del hotel es un mito urbano. Lo compró Alejandro Ginevra [también figura mencionado en el informe de la UIF], yo no tengo nada que ver", se desligó Farcuh.
Otras dos operaciones que están en la mira son donaciones de OCA pagadas a través de cheques a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, y el contrato de patrocinio al Club Atlético Independiente, cuyo presidente es Hugo Moyano, a cambio de 2.500.000 dólares.
La Procelac, que depende del Ministerio Público Fiscal, enumeró una serie de irregularidades que abren la sospecha sobre presunta maniobras de lavado de activos.
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