Modus operandi de la asociación ilícita sindical

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, aseguró que en la investigación se determinó que Burgos y Monteros lideraron un asociación ilícita que tenía un modus operandi a través del cual extorsionaban a empresarios de la construcción. "Les exigían que abonen personalmente sumas de dinero o que contraten con empresas de ellos mismos con sobreprecios que les dejaban ganancias inusitadas bajo apercibimiento de paralizar las obras, quemar gomas, hacer asambleas", detalló.
"Los reclamos de naturaleza sindical eran excusas que se utilizaban para frenar las obras. Cuando los empresarios pagaban, los reclamos sindicales dejaban de existir. Entonces, no era verdad que existía una reivindicación laboral o el trabajador, lo que se buscaban eran pretextos para sacar dinero en beneficio propio", agregó.
"Hubo pocas denuncias, aisladas, había mucho temor. Los empresarios preferían pagar y asimilarlo como un costo", aseguró el fiscal Fernández.