El juez Ariel Lijo procesó con prisión preventiva a Amado Boudou por peculado -malversación de fondos públicos- por la “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”, en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía.
También fueron procesados por el mismo delito su ex jefe de Gabinete, Guido Forcieri, y su ex secretario privado, Héctor “Cachi” Romano. Lijo dispuso además un embargo de un millón de pesos para cada uno de los tres y confirmó la prisión preventiva del ex vicepresidente.
Para la Justicia quedó corroborado que hubo documentación falsa al momento de rendir facturas vinculadas a los viáticos de una serie de viajes al exterior realizados cuando Boudou estaba frente al Palacio de Hacienda, por más de 15.000 euros.
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De esta manera, el ex vice de Cristina Kirchner sumó su cuarto procesamiento en la Justicia federal, mientras se encuentra preso desde el 3 de noviembre acusado de asociación ilícita y lavado de dinero en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.
Durante la investigación, el juez Lijo envió exhortos al exterior para entrecruzar la información de costos de hotelería y corroborar las cifras rendidas por Boudou, Romano y Forcieri. En la resolución se señaló que se habrían falsificado dos facturas del hotel “Bel-Ami” de París, Francia, por 9.395 y 6.943,23 euros respectivamente y una factura a favor del intérprete Eduardo E. Kahanne, por un monto de 3.300 euros, las cuales habrían presentado en la rendición de gastos.
Para Lijo, con las maniobras investigadas, “se buscó obtener un beneficio económico directo mediante la defraudación efectuada en perjuicio de la administración pública”, consideró el magistrado al momento de procesar al ex vice que al ser indagado señaló que él no manejó nada y que nunca se ocupó de las “cuestiones operativas” de las rendiciones de “viajes al exterior”.
Esta explicación no fue suficiente para el juez. “No puede afirmarse razonablemente que pudiera desconocer lo que ocurría y no lo hizo, por el contrario, parecía interpretar que los montos de dinero que le eran entregados para una función específica (viáticos o gastos eventuales de la comisión) pasaban a integrar su patrimonio”, señaló.
Entendió entonces que había suficientes elementos probatorios que “acreditan la maniobra ilícita desplegada por Boudou, Héctor Eduardo Romano y César Guido Forcieri que les permitió sustraer de las arcas del Estado 17.738 euros”.
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