Gobierno busca que Justicia Federal investigue a la RAM

El gobierno de Mauricio Macri terminó de definir una estrategia para “desestructurar” al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) sobre la base de encuadrar sus ataques en la Patagonia, pasados o futuros, como delito federal. Así, busca que se trasladen desde la Justicia ordinaria provincial al fuero federal.
Para ello, se invocará el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica “otros atentados al orden público”, figura similar al terrorismo. Pero la Casa Rosada prefiere llamarlo “violencia política”, para no generar resistencia en sectores progresistas.
Según informó ayer el portal del diario porteño La Nación, de acuerdo con altas fuentes del Gobierno, el propósito de Macri es lograr la detención, el juzgamiento y la condena de la mayor cantidad de activistas para desarticular a RAM. Se investigarán así los más de 70 atentados registrados y los que se cometan en el futuro.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, con aval presidencial, enviaron emisarios a hablar con funcionarios provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut para unificar y coordinar criterios.
En paralelo, los gobernadores de esas provincias visitarán en la Casa Rosada esta semana a Bullrich; a Garavano; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Con la fecha por confirmar, irán los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Chubut).
Para todos ellos, RAM es un problema político profundo en sus provincias. Entre todos diseñarán un protocolo de prevención y contención de RAM. Las fuerzas federales de seguridad -Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval- coordinarán acciones con las policías provinciales.
La reunión servirá como señal política de unidad entre los gobiernos nacional y provinciales, de distinto signo, para aislar a RAM políticamente como una fuerza antisistema que promueve el terror. Pero al mismo tiempo se ocuparán de abordar el conflicto con las organizaciones mapuches legítimas que reclaman por las tierras.
De esto último se encargará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que dirige Jimena Psathakis, y que aplicará la ley 26.160 de tierras de pueblos originarios, que impide desalojos y ordena un relevamiento territorial.
La herramienta para que las causas judiciales pasen de los juzgados provinciales ordinarios a la Justicia Federal será el encuadramiento de los atentados en el artículo 213 bis. Ese artículo fija que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Para su aplicación, existe consenso entre jueces, fiscales y procuradores provinciales.