Avanza la mesa de diálogo entre Gobierno, mapuches e Iglesia

En una reunión entre un instituto del Gobierno, organizaciones mapuches, legisladores del Movimiento Evita y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo para buscarle una solución al conflicto. A partir de la conformación de esta mesa de diálogo, y tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, los integrantes le enviaron al magistrado un acta para ratificar la intención de negociar de las partes, un diálogo que por el momento no implica que los mapuches dejen las tierras que ocuparon.
Justamente esto es lo que pretenden desde el Gobierno, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad. Es que el Ejecutivo está dispuesto a negociar con los mapuches, pero la primera condición es que los manifestantes abandonen las tierras que ocuparon. En el acta que se firmó tras la reunión, que contiene los puntos de vista y los objetivos de los participantes, se sostuvo que “se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación”.
Pero a pesar de la intención de dialogar, lo firmado por los mapuches sostiene que “el Lof Lafken Winkul Mapu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial”.
Los mapuches también exigen que se discuta “el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta”.
Más temprano, el jefe de Gabinete Marcos Peña expresó la “preocupación” del Gobierno, por no haber podido “asegurar las pruebas” de los hechos ocurridos en Villa Mascardi donde el fin de semana resultó muerto de un balazo el mapuche Rafael Nahuel. “Consideramos que el no haber podido asegurar las pruebas como para saber lo que pasó nos genera una preocupación”, afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en Casa de Gobierno, al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri. En ese contexto, Peña aclaró que lo del fin de semana “fue un operativo judicial”, donde las fuerzas “actuaron como auxiliares de la Justicia”.
Por su lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “hoy” no existe “molestia” del Gobierno con el juez Gustavo Villanueva, quien actúa en el caso del joven asesinado Rafael Nahuel en Villa Mascardi. “Esa molestia hoy no es tal. Hay distintas posiciones que tienen que ver con el abordaje. Sí es clara la posición del Gobierno en cuanto a no volver a tolerar un ingreso y que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar. Pero también entendemos que es un lugar difícil y que el juez tiene que evitar conflictos o consecuencias mayores. Esperamos que el juez pueda realizar su trabajo de la mejor manera”, dijo.