La Cámara de Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria, que penaliza la corrupción empresaria. Con 144 votos afirmativos, 6 negativos y 31 abstenciones, el oficialismo cumplió su cometido de contar con una herramienta para sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción, aunque se estableció que los mismos prescriban a los seis años de su consumación.
El interbloque Cambiemos contó con el apoyo del Frente Renovador-UNA y el bloque Justicialista, en tanto que el Frente para la Victoria-PJ se abstuvo y el Frente de Izquierda votó negativamente. “Hasta hoy solamente las personas físicas pueden ser sancionadas ante la comisión de un delito. A partir de ahora también van a poder ser sancionadas las personas jurídicas. Esto es muy importante porque en definitiva muchas de estas empresas se han beneficiado y enriquecido con actos de corrupción”, destacó el diputado del PRO Daniel Lipovetsky durante su intervención en la sesión especial. El proyecto establece multas y hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado Nacional, a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.
SANCIÓN
COMENTARIOS