La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, ordenó ayer bloquear los aportes para la campaña de las principales fuerzas políticas, al rechazar las rendiciones de cuentas de 2015.
La magistrada se pronunció de esta forma al avalar un planteo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien le había pedido que no aprobara los balances de 2015 de Sergio Massa (Alianza UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), luego de que también rechazara las de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Adolfo Rodríguez Saá.
El pedido estaba basado las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral, que enumeraron decenas de inconsistencias en el financiamiento de la última campaña presidencial de 2015.
Si bien la jueza dispuso suspender la asignación de los fondos públicos que les corresponden para los comicios entrantes, esto es las Paso legislativas del 13 de agosto próximo, la medida no tendrá impacto hasta tanto no se pronuncie la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal electoral del país, ante los inminentes recursos de apelación.
En su presentación, el fiscal Di Lello advirtió: “Las alianzas no han podido demostrar de forma precisa el origen y el destino de los fondos recibidos”.
Cambiemos, Frente para la Victoria, UNA y Compromiso Federal son los partidos con observaciones más complejas: según trascendió, las objeciones incluyen falsos donantes, asesores fantasma, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar.
Los partidos respondieron a los planteos, pero en la mayoría de los casos no pudieron justificar sus faltas y ahora tendrán diez días para realizar sus descargos.
Progresistas y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tuvieron sólo algunas observaciones administrativas de menor calibre en las auditorías, si bien tampoco fueron aprobados sus gastos.
Escrutinio
La jueza electoral por la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, manifestó su posición frente al planteo expresado por la Cámara Nacional Electoral, quienes habían criticado la decisión gubernamental de seguir delegando el escrutinio provisorio en empresas privadas y reclaman el traspaso a su competencia, al señalar que ella “nunca tuvo problemas con Indra”, la compañía encargada de esa tarea.
“Nadie manifestó ninguna objeción. Yo tengo como treinta elecciones y veinte fueron con Indra, y nunca tuvimos ningún problema”, señaló la magistrada en junio.
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