Alquiler “fantasma”: allanan oficinas de la Procuración

Un juez de instrucción porteño ordenó ayer un operativo -retiro de documentación- en una sede de la Procuración General de la Nación (PGN), en una causa en la que se investiga a la procuradora Alejandra Gils Carbó, por el alquiler de un edificio que no fue utilizado.
La “orden de presentación” ejecutada por la Policía Federal, fue dispuesta por el juez subrogante Rodolfo Cresseri, quien fue cuestionado por fuentes del Ministerio Público Fiscal que sostuvieron que no tiene competencia para intervenir en la causa.
El operativo se produjo en la causa contra Gils Carbó por “defraudación contra la administración pública nacional”, que se inició a partir de una denuncia realizada por el fiscal José María Campagnoli tras una publicación del diario Clarín. 
Los efectivos de la Policía Federal se llevaron de la sede de la PGN en Avenida de Mayo, documentación vinculada con la licitación del alquiler del edificio de Corrientes 1615, con el pago de alquileres y con el uso que se le pretendía dar, informaron fuentes judiciales.
La denuncia se produjo luego de que saliera publicado que la PGN había alquilado el edificio de la avenida Corrientes entre julio de 2015 y enero de 2016 por una suma aproximada de 6,5 millones de pesos, aunque nunca se usó.
Gils Carbó relativizó la denuncia, sostuvo que el edificio era para alojar nuevas fiscalías que iban a entrar en funcionamiento a partir de la aplicación del sistema acusatorio aprobado por el Congreso en 2015 pero que luego vetó el presidente Mauricio Macri.
Desde la Procuración General cuestionaron el procedimiento de hoy, porque fue realizado “por un juez subrogante notoriamente incompetente, en una causa notoriamente falsa y con hechos comprobables que desmienten la denuncia”.
El juez “ordenó un procedimiento que atribuimos a la posición que tuvimos en el día de la fecha respecto de los juicios de lesa humanidad y en contra de la libertad de los genocidas”, sostuvieron fuentes de la Procuración.