El cura Julio César Grassi, quien cumple una condena de 15 años de prisión por abuso sexual agravado contra un menor que fue confirmada por la Corte Suprema a fines de marzo último, recuperará su libertad el 10 de agosto de 2026, según un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Uno de Morón que le redujo la pena en poco más de un año y nueve meses al otorgarle el beneficio del “dos por uno”.
El cómputo fue aprobado el 28 de marzo último por el presidente del mencionado tribunal de Morón, Claudio José Chaminade, pero recién tomó estado público este lunes a partir de la protesta pública del abogado querellante Juan Pablo Gallego, quien lo consideró “inadmisible" e informó que ya apeló esa decisión.
La resolución recordó que Grassi estuvo detenido desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego, bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año y finalmente, en el último período de detención, desde el 23 de setiembre de 2013 hasta la actualidad.
De acuerdo con la ley 24.390 se computan dobles los días que exceden a los dos años de prisión preventiva.
El abogado querellante Juan Pablo Gallego calificó como "inadmisible" y un "escándalo" a la decisión del Tribunal Oral número 1 de Morón porque crea “una crisis jurisdiccional desacatando un fallo de la Corte”. El letrado advirtió que según una interpretación alternativa, pero basada en el mismo fallo, "se le estarían reduciendo de la condena fijada algo más que dos años y seis meses de prisión".
Por eso el letrado anunció que ya presentó una apelación contra esta medida y va a “continuar todas la vías recursivas hasta llegar a la Corte” para evitar que Grassi salga en libertad anticipadamente.
En diálogo con Télam, Gallego cuestionó por “errado” el cómputo del TOC, porque “incluso yerra en las fechas de detención de Grassi y computa como días de prisión momentos en que el cura estaba en TV y completamente libre”, en lo que interpretó como “el comienzo de una maniobra para liberarlo antes”.
Gallego explicó que el tiempo que corresponde tomar para la aplicación de este beneficio es “el cumplido en el penal de Campana” antes de que se produjera el fallo de última instancia producido por la Corte Suprema, es decir desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 21 de marzo pasado.
No obstante, el abogado se esperanzó en que “esto no va a prosperar de ningún modo y si para el viernes no existe rectificación vamos a pedir recurso de per saltum para que vuelta a la Corte, que en fallo unánime confirmó la sentencia a 15 años de prisión”, dijo.
“Esto constituye un desacato al máximo tribunal, a quien le vamos a pedir que imponga su fallo y haga uso de su capacidad disciplinaria para que los jueces de menor rango acaten y den cumplimiento su fallo unánime”, dijo.
El abogado llamó la atención, además, sobre lo que “ha sido una constante durante los casi 15 años de causa Grassi” que cada vez que “este sujeto sufre un revés (en los tribunales), mágicamente obtiene un beneficio de la Justicia”.
Esto se explica, para Gallego, porque Grassi tiene un “enorme poder y una posibilidad y de influencia sobre los jueces que excede la de violadores comunes”.
“Es un pederasta feroz que ha destrozado la vida de menores a su cargo; es una de las personas más poderosas de la Argentina que ha demostrado un gran capacidad de despliegue económico, con 25 defensores particulares accionando de forma permanente en la justicia para eludir el rigor con que corresponde que sea tratado un pedófilo”.
Respecto al camino por recorrer, el letrado informó que ya interpuso esta mañana “un recurso de apelación que primero contempla la posibilidad de que que el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 revise esta medida equivocada”.
Pese a manifestar su “sorpresa” por esta medida, que “acerca más (a Grassi) a un estado de libertad”, Gallego recordó las numerosas vías por las cuales el cura logró evadir el cumplimiento de prisión en una cárcel común primero, y privilegios carcelarios después.
“Recordemos que, casi como una burla, estaba supuestamente detenido en una quinta de 7.200 metros frente a la Fundación sin ningún tipo de control. Y cuando nos quejamos de esta situación, finalmente fue conducido al penal de Campana, pero él tenía un acuerdo con el servicio penitenciario que le permitió armar una gran oficina”, agregó.
“A esto se agrega ahora que, desafiando un fallo de la Corte, se pretende ahora precipitar su salida a la calle: esto es inadmisible”, concluyó.
Por otro lado, el abogado estableció un paralelismo entre el el beneficio concedido a Grassi y el otorgado por el juez Rossi al violador múltiple Sebastián Wagner, “que terminó como terminó”, con el asesinato de Micaela García.
“En estas horas, cuando la sociedad está conmovida por el horrible crimen de Micaela, estamos en peligro de que este feroz pederasta obtenga este beneficio aun cuando todas las instancias judiciales demostraron su culpabilidad y su enorme peligrosidad, porque sabemos lo que ocurre cuando estos delincuentes sexuales vuelven a las calles”, agregó.
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