El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy 15 allanamientos en todo el país en el marco de la causa por lavado de activos contra la familia Báez y en la que ahora se investiga la ruta del dinero, informaron fuentes judiciales.
En tanto, la Cámara Federal porteña confirmó este mediodía el procesamiento del detenido empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, entre otros, por lavado de dinero a raíz de maniobras para reingresar al país casi 33 millones de dólares en bonos de deuda pública.
Pero los camaristas volvieron a reclamar que se avance sobre el presunto "acuerdo de voluntades" entre Báez y su grupo económico y los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal.
"Esto es central, porque ese presunto desvío de interés de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos resulta independiente de las otras causas que los restantes jueces del fuero investigan sobre las irregularidades puntuales que pudieron o no haber acaecido en cada contrato de obra pública.
Será entonces, se reitera, "luego de una profunda investigación de los hechos denunciados, con todas sus aristas, cuando se pueda fijar una calificación legal", dijeron los miembros de la Sala II.
Según remarcaron, el juez Sebastian Casanello "continúa aferrado a calificaciones legales predeterminadas para poner límites a su investigación", incluso al delegar parcialmente la instrucción en la fiscalía.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de los Baez, Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de 32.800.000 dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública.
La maniobra se realizó a través de la firma Helvetic Service Group S.A. y el dinero terminó depositado en la cuenta del Banco Nación de la empresa Austral Construcciones S.A.
En ese marco, confirmó también la prisión preventiva de Lázaro Baez y Jorge Chueco, únicas que fueron dispuestas por el juzgado de primera instancia, y los montos de los embargos trabados a los procesados.
Mas allá ello, en su resolución la Sala II volvió a poner de resalto en que es necesario encarar la investigación a partir del núcleo del contenido de las denuncias en la llamada "la ruta del dinero K" y avanzar en completar la instrucción, sin dejar de lado todos aquellos aspectos de los hechos de la causa que se vinculan con el "enorme patrimonio" que se ha descubierto en cabeza del grupo.
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