El Gobierno decretó la emergencia en seguridad para todo el país

El Gobierno concretó ayer la declaración de emergencia en seguridad que había adelantado en diciembre. Tras sistematizar la información que surgió de la reunión que entonces mantuvo la ministra Patricia Bullrich con los responsables del área de las provincias, la Presidencia informó el detalle de las medidas que se adoptarán con el objetivo de combatir los delitos complejos y el crimen organizado.
La medida, que puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que establece el decreto, "va en sintonía con las metas esenciales que estableció el presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves", se indica en un comunicado.
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada o con una asociación ilícita terrorista.
Del mismo modo se refiere a los delitos relativos a las asociaciones ilícitas , organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública y contra la Administración Pública (todos del Código Penal). Además consigna los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, de financiación del terrorismo  y de extorsión, los previstos en el Régimen Penal Tributario y de trata de personas.
El Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos. También concede la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.
También, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales.
Además, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización. El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino. Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional.