PANORAMA PREOCUPANTE EN EL SECTOR RURAL JUNINENSE
Se duplicó la cifra de productores que dicen estar en emergencia y desastre
En el distrito ya son más de ochenta los inscriptos en el listado para recibir ayuda de la provincia de Buenos Aires a los afectados por las inundaciones y por las cosechas frustradas.
El panorama que dejaron las lluvias en buena parte del sector agropecuario juninense pasó la línea de lo preocupante y ya obligó a más de ochenta productores a inscribirse, con premura y desolación, en el listado provincial de emergencia y desastre.
La cifra duplica a la que se había registrado la última vez que el gobierno bonaerense había abierto esa instancia para socorrer a quienes habían visto afectada su producción por fenómenos climáticos. Pero ese número parcial no se quedaría ahí, dado que -según pudo saber Democracia- hay más trabajadores de campo decididos a sumarse a esa alternativa.
Los beneficios que otorga la declaración de emergencia o desastre son la prórroga o exención impositiva, además del acceso a distintas herramientas crediticias que se pueden implementar desde las bancas oficiales, entre otros. Para los productores que sufrieron los efectos adversos de la sequía y que no hayan entrado en estos listados, se les extenderá el certificado de daños para presentar a los organismos que consideren pertinente.
El dramático escenario que se vive en distintas zonas campestres del distrito fue creado por una seguidilla de lluvias intensas que dejaron al descubierto la flaccidez de las obras hidráulicas en varios caminos, razón que llevó a que hoy existan kilómetros y kilómetros de la red vial bajo agua, impidiendo no solo el acceso a los campos sino también la llegada de niños a sus respectivas escuelas y todo tipo de tránsito.
Con la imposibilidad de completar la cosecha (sea por no poder entrar a los lotes o porque los sembrados quedaron presos de lagunas), la pérdida económica ya se cuenta de a millones.
El lunes, los productores de Junín recibirán a funcionarios de la Dirección de Hidráulica y en esa reunión les pedirán, por un lado, explicaciones acerca del estado actual que presentan los caminos, y, por otro, la pronta ejecución de obras tendientes a mejorar el estado actual de los suelos y a evitar posteriores contratiempos similares.
“Los caminos rurales están gastados”
El agrimensor Carlos Escalada, jefe de la Zona III de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, le dijo a Democracia que cuando existen crecientes, “suelen afectarse algunos caminos transversales a los escurrimientos”.
“La creciente se origina por excesos de lluvia en la región y como los caminos rurales están gastados, son cortados por las aguas; en el caso del curso principal, Río Salado, se tiene conocimiento que se han practicado con maquinarias cortes en el camino del Puente Saavedra porque entorpecía el paso de las aguas. A la fecha, no existen complicaciones para la Ruta 7 en ningún tramo”, informó el funcionario.
Acerca de la existencia de canales clandestinos, Escalada comentó que las presuntas obras irregulares “se inspeccionan en su totalidad”.
“El Estado Provincial aplica el procedimiento instituido por la normativa vigente, mediante la cual se establece que la recepción e inspección de las denuncias la realiza la Dipsoh, remitiéndolas a la Autoridad del Agua (ADA), que es el organismo de aplicación de la ley del Código de Agua y por lo tanto sustancia el proceso administrativo y dictamina la clandestinidad de las obras hidráulicas. Declarada la clandestinidad de una obra mediante acto resolutivo por parte del ADA, el procedimiento concluye con la desactivación de la obra, llegando en algunos casos a proceder mediante el empleo de la fuerza pública”, puntualizó.
Respecto a este tema, Escalada reveló que la Zona III tiene recepcionadas 290 denuncias, pero “resulta sumamente trabajoso hacer un detalle de cada una”. Sí se puede señalar que “se registran en todos los partidos de jurisdicción de este departamento: Chivilcoy, Alberti, Chacabuco, Bragado, 9 de Julio, General Viamonte, Junín, General Arenales y Leandro N. Alem.”.
La cifra duplica a la que se había registrado la última vez que el gobierno bonaerense había abierto esa instancia para socorrer a quienes habían visto afectada su producción por fenómenos climáticos. Pero ese número parcial no se quedaría ahí, dado que -según pudo saber Democracia- hay más trabajadores de campo decididos a sumarse a esa alternativa.
Los beneficios que otorga la declaración de emergencia o desastre son la prórroga o exención impositiva, además del acceso a distintas herramientas crediticias que se pueden implementar desde las bancas oficiales, entre otros. Para los productores que sufrieron los efectos adversos de la sequía y que no hayan entrado en estos listados, se les extenderá el certificado de daños para presentar a los organismos que consideren pertinente.
El dramático escenario que se vive en distintas zonas campestres del distrito fue creado por una seguidilla de lluvias intensas que dejaron al descubierto la flaccidez de las obras hidráulicas en varios caminos, razón que llevó a que hoy existan kilómetros y kilómetros de la red vial bajo agua, impidiendo no solo el acceso a los campos sino también la llegada de niños a sus respectivas escuelas y todo tipo de tránsito.
Con la imposibilidad de completar la cosecha (sea por no poder entrar a los lotes o porque los sembrados quedaron presos de lagunas), la pérdida económica ya se cuenta de a millones.
El lunes, los productores de Junín recibirán a funcionarios de la Dirección de Hidráulica y en esa reunión les pedirán, por un lado, explicaciones acerca del estado actual que presentan los caminos, y, por otro, la pronta ejecución de obras tendientes a mejorar el estado actual de los suelos y a evitar posteriores contratiempos similares.
“Los caminos rurales están gastados”
El agrimensor Carlos Escalada, jefe de la Zona III de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas que depende del Ministerio de Infraestructura bonaerense, le dijo a Democracia que cuando existen crecientes, “suelen afectarse algunos caminos transversales a los escurrimientos”.
“La creciente se origina por excesos de lluvia en la región y como los caminos rurales están gastados, son cortados por las aguas; en el caso del curso principal, Río Salado, se tiene conocimiento que se han practicado con maquinarias cortes en el camino del Puente Saavedra porque entorpecía el paso de las aguas. A la fecha, no existen complicaciones para la Ruta 7 en ningún tramo”, informó el funcionario.
Acerca de la existencia de canales clandestinos, Escalada comentó que las presuntas obras irregulares “se inspeccionan en su totalidad”.
“El Estado Provincial aplica el procedimiento instituido por la normativa vigente, mediante la cual se establece que la recepción e inspección de las denuncias la realiza la Dipsoh, remitiéndolas a la Autoridad del Agua (ADA), que es el organismo de aplicación de la ley del Código de Agua y por lo tanto sustancia el proceso administrativo y dictamina la clandestinidad de las obras hidráulicas. Declarada la clandestinidad de una obra mediante acto resolutivo por parte del ADA, el procedimiento concluye con la desactivación de la obra, llegando en algunos casos a proceder mediante el empleo de la fuerza pública”, puntualizó.
Respecto a este tema, Escalada reveló que la Zona III tiene recepcionadas 290 denuncias, pero “resulta sumamente trabajoso hacer un detalle de cada una”. Sí se puede señalar que “se registran en todos los partidos de jurisdicción de este departamento: Chivilcoy, Alberti, Chacabuco, Bragado, 9 de Julio, General Viamonte, Junín, General Arenales y Leandro N. Alem.”.