Las tan anheladas transformaciones comunicadas por el presidente Mauricio Macri durante octubre del año pasado en el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario.
Pero, en el detalle, han sido solo palabras y cuando analizamos los bocetos de las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el gobierno tanto nacional como provinciales, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga.
Es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Argentina debe diseñar un sistema de impuestos equitativos.
Desde diciembre del 2016, ya tenemos más de 13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola.
De ese número, alrededor de un 64% responde a la cuestión impositiva del gasoil, y este es un insumo constante para el sector. Entonces impacta de lleno en el bolsillo del productor, el cual es uno solo.
Con un tipo de cambio retrasado y altas tasas de interés, la consecuencia es la contracción del sector.
El campo no puede ser el pato de la boda que pague los costos.
Junto a todo esto, se suman las tasas viales y el escalonamiento de impuestos Nación-Provincia-Municipio, y afectan claramente al sector.
Sumado a estos aumentos, la burocracia tampoco cede. La creación de un nuevo registro como el TIRE sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que se explicita por el Presidente. Para el productor agropecuario es una nueva carga.
El campo no puede ser el pato de la boda que pague los costos. La situación se torna inviable con aumentos constantes que impactan directamente en el bolsillo de los productores.
Todo impuesto distorsivo afecta la confianza y la previsibilidad. Todo insumo tiene una carga impositiva asfixiante. La componente impositiva de la energía actúa como freno a la producción y el empleo.
Hay un camino largo, donde se reforzará el diálogo y ese es el camino para entenderse y lograr acuerdos.
Es el momento de entender al campo como un generador de trabajo, arraigo local, desarrollo del interior y por sobre todas las cosas, entender que el campo no es solo producción y exportación, sino también un eslabón social dentro del vasto territorio argentino.
Por eso, el 2018 debe ser el año donde la competitividad empiece a llegar a nuestro sector, con reglas claras, y avanzar hacia las metas necesarias.
Con algunas medidas alentadoras, el sector agropecuario ha aumentado las exportaciones en más de un 30% desde 2016 y el país volvió a ser líder mundial.
La producción agrícola, por su parte, creció un 24%, mientras que la venta de maquinarias aumentó en un 60%. Y un dato no menor: se mejoró la calidad ambiental de los suelos agrícolas al incorporar más superficie de los cereales como trigo y maíz.
Esto es solo el principio, se debe consolidar a las economías regionales y apostar a generar más y mayor empleo agregando valor a la producción en origen. Esa es la manera de poder alcanzar resultados que hagan a nuestro país más competitivo.
Con un tipo de cambio retrasado y altas tasas de interés, la consecuencia es la contracción del sector. La reforma tributaria sin ajuste por inflación, aumentos de los inmobiliarios inmediatos y confiscatorios contra la reducción de tasas y sellos a 2 años, son ejemplos de que la reforma va en sentido contrario a la competitividad. Los estados provinciales y municipales se fagocitan el intento de la Nación de bajar la carga impositiva.
(*) Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.
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