Un balance imprescindible
Llega esta época y los balances son obvios, pero aún así, obligatorios. En esta oportunidad, sin embargo, es bueno recordar los hechos más salientes que pasaron en los últimos 12 meses para el sector agroindustrial.
Por ejemplo, en primer lugar, hubo un cambio más que significativo, que nada tiene que ver ni con la producción, ni con la economía, y que fue en la relación entre el Gobierno y el campo.
Algo tan simple y que debe ser tan natural, se transformó en algo extraordinario, al punto que amerita su mención. El campo dejó de ser el "enemigo", para transformarse en un sector productivo más, al que se recibe, se le habla en buenos términos aunque haya diferencia de criterios y otras obviedades por el estilo.
A partir de ahí, con la nueva Administración Macri, llegó la devaluación, el recorte de la mayoría de las retenciones a cero por ciento (excepto la soja que quedó en 30%, para bajar luego 5% por año), la eliminación de muchas restricciones al comercio y el acuerdo con los "holdouts", que permitió retomar imprescindibles negociaciones internacionales y la posibilidades de créditos internacionales.
Todo esto, sin embargo, igual que la primera "ayuda" para la fruticultura (que no podía siquiera recolectar las frutas que pendían en los árboles), se produjo en diciembre de 2015, lo que un purista llamaría "el año pasado".
Sin llegar a ese extremo, y aun considerando ese paquete dentro del ciclo ´16, para el campo no pasó mucho más después de eso.
Mirado a la distancia, quedó en evidencia que no había ni planes, ni medidas específicas para el sector, más allá de las macroeconómicas que ya se habían tomado y que sirvieron, en realidad, para destrabar las estratégicas exportaciones, y no para compensar al sector que había sido más golpeado durante la Administración Kirchner.
Tanto es así, que problemas de muy larga data como la lechería, la misma fruticultura o la propiedad intelectual en el tema semillas, por mencionar sólo algunos, siguen sin miras de solución, aunque ya transcurrieron casi 13 meses de gestión.
Por supuesto que la culpa no es sólo de los funcionarios. Tampoco las entidades del sector ni los legisladores arrimaron propuestas nuevas, al punto que la gestión de la Comisión de Agricultura fue también más que magra y ninguna de las leyes estratégicas (ni la de Recuperación de Suelos, que permitiría la desgravación de los fertilizantes), logró ver la luz en este período.
Hasta se podría considerar el extremo de las propias promesas oficiales que se incumplieron, tal es el caso de compensaciones, la rebaja de 5 puntos a las retenciones comprometidas para 2016 en soja, las compras estatales para descomprimir algunos mercados o la mismísima reforma impositiva de la cual se habló por última vez en la campaña presidencial, pero no después de la asunción.
Aún así, las expectativas privadas siguieron siendo bastante buenas, tal vez, por el lugar de donde se venía. Lamentablemente, tampoco las condiciones externas ayudaron mucho. Las grandes cosechas en el mundo debilitaron los precios de la mayoría de los productos que exporta Argentina, mientras que los que importa, como ahora el petróleo, si bien internacionalmente bajaron mucho, en el plano local aumentaron, y en forma significativa...
El sinceramiento de algunas tarifas hizo lo propio y el clima se sumó con lluvias extraordinarias en el otoño que aguaron el optimismo, luego mucho frío, granizo, más lluvias en primavera, heladas tardías hasta noviembre, y ahora una seca de diciembre cuyos daños aún no se evalúan.
Todo esto, sumado a una inflación muy superior a la que esperaba el nuevo equipo oficial, terminó de erosionar buena parte de la recomposición de renta que se preveía en diciembre de 2015, y que va acotando sensiblemente las posibilidades productivas.
De hecho, si bien no hay acuerdo en las cifras de la última cosecha, entre privados y el sector oficial, que ronda una diferencia que algunos ubican en unos 12 millones de toneladas y otros la suben hasta 18 millones (con particular diferencia en maíz), la recolección fue irregular, terminó recién en agosto, nunca se anunció oficialmente, y no tuvo una diferencia significativa con la anterior.
El arrastre se traslada a la nueva, 2016/17, que tampoco tendría el crecimiento que se esperaba en el primer semestre y que con suerte puede superar los 115-120 millones de toneladas, con un aumento de 15% sobre la previa.
En el resto, hubo estabilidad o retrocesos. Tanto la fruticultura, como la lechería registraron bajas de magnitud, mientras que en materia de carne vacuna se cortó la retención de vientres que se venía registrando y las exportaciones de 2016 tampoco superarán las 200.000-230.000 toneladas del ciclo anterior, a pesar de las buenas perspectivas internacionales.
El estratégico Plan Belgrano, en el que tienen cifradas expectativas al menos, 10 provincias del centro y norte del país, no despega, en buena parte, porque fue desfinanciado por otros ministerios que no quieren ceder parte de sus presupuestos para que los maneje otra área. Y así sucesivamente (al menos, hasta ahora).
Irónicamente, donde sí hubo crecimientos contundentes fue, contra todas las expectativas, en el propio sector público. Como ejemplo, solo el Ministerio de Agroindustria aumentó a 5 sus secretarías, no se sabe que haya habido bajas en los 20.000 agentes que tiene ahora esa cartera y, como si fuera poco, se recreó la ex Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), de triste fama con Ricardo Echegaray a la cabeza y con funciones superpuestas a la Secretaría de Comercio y a la propia AFIP.
Y, como se sabe, más burocracia es más gasto público y esto representa una sola cosa: los impuestos van a seguir pesando sobre la producción.
(*) Periodista especializada. Productora