Messi y su padre fueron citados a declarar por presunta evasión

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Gavà (Barcelona) citó a declarar como imputados el próximo 17 de septiembre al futbolista del Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de defraudar al fisco más de cuatro millones de euros.
Según informaron fuentes judiciales, en un auto la jueza ha acordado admitir a trámite la querella por presunto fraude fiscal que presentó la Fiscalía contra el futbolista y lo ha citado a declarar como imputado, acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública.
Al futbolista del Barsa y a su padre se los acusa de esos tres delitos por los tres ejercicios fiscales –correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009– en los que, presuntamente, burlaron la tributación de los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen del jugador a terceros.
En total, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, que es la que ha presentado la querella contra Messi y su padre, estima que los imputados podrían haber defraudado más de cuatro millones de euros entre los años 2007 y 2009, sin que se descarte que en los años siguientes emplearan el mismo sistema de evasión de impuestos, han informado fuentes judiciales.
La Fiscalía sostiene en su querella que Messi simuló la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales, como Belice y Uruguay, y complementariamente, firmó contratos de licencia, agencia o prestación de servicios entre estas y otras compañías instrumentales domiciliadas en jurisdicciones de conveniencia (el Reino Unido y Suiza).
De esa forma, cree el ministerio público, se buscaba que los ingresos "transitaran desde los países donde radicaban las empresas o entidades pagadoras hasta las sociedades instrumentales domiciliadas en los paraísos fiscales, sin someterse prácticamente a tributación alguna".
La ley castiga con penas de prisión de dos a seis años cada uno los delitos contra la Hacienda Pública y con una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada cuando la cuantía evadida exceda de 600.000 euros.