El juez que más aportó a la década kirchnerista

La renuncia de Eugenio Raúl Zaffaroni a la Corte Suprema de Justicia tiene, a priori, un efecto doble: por un lado, representa el cierre de una etapa encumbrada para una forma de ver y ejercer el derecho; por el otro, abre un período de debate sobre si es necesario en este momento completar la integración del máximo tribunal del país, que puede funcionar ahora con sólo cuatro miembros.
Sobre el primer punto, no es un dato menor que Zaffaroni haya permanecido como ministro de la Corte once años, en coincidencia con todo el período kirchnerista en la cumbre del poder. El jurista encarnó como nadie la filosofía oficialista en materia de seguridad, que hace hincapié en las causas sociales del delito y que se expresó en el polémico anteproyecto de reforma del Código Penal.
Pero esa línea judicial y política no sería compatible ahora con las necesidades electorales del kirchnerismo, que acaba de enviar al Congreso de la Nación un proyecto para actualizar el Código Procesal Penal que incluye medidas presuntamente a tono con las demandas de la sociedad, como la expulsión de ciudadanos extranjeros que sean atrapados “in fraganti” mientras cometen un delito.
Tal vez por eso, en la carta de su dimisión enviada a la presidenta Cristina Kirchner, Zaffaroni admitió que en los últimos meses venía experimentando la “sensación” de que su tarea en la Corte Suprema estaba “agotada”. Casi una forma de reconocer que su predicamento venía en baja, a la par que subía la influencia de funcionarios como Sergio Berni, el “supersecretario” de Seguridad.
En la misiva, Zaffaroni también deslizó un cuestionamiento al juez decano de la Corte, Carlos Fayt, quien tiene 95 años pero no fue alcanzado por la imposición del límite de 75 años para integrar el tribunal. “La vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos”, advirtió el magistrado que dejará su cargo el 1 de enero.
Más allá de la crítica de Zaffaroni los actuales integrantes de la Corte -incluído el veterano Fayt- consideran que la máxima instancia del Poder Judicial puede seguir funcionando con cuatro ministros, que en todo caso deberían apelar a un conjuez para formar mayoría ante un fallo dividido. La misma opinión, pero por motivos políticos, tiene la oposición.
Es que si bien la Presidenta tiene la facultad de nombrar a un nuevo juez para el supremo tribunal, las fuerzas opositoras hacen notar que a Cristina Kirchner le queda sólo un año de mandato y que por ende restaría a su sucesor esa posibilidad. Este último argumento ya fue analizado por la jefa de Estado en conversaciones reservadas, admitieron a este diario fuentes del elenco oficialista.
De allí se filtraron los nombres de Carlos Arslanian y de Aída Kemelmajer de Carlucci, una jurista mendocina de 70 años, para completar la Corte con cinco integrantes en caso de que Fayt decidiera seguir los pasos de Zaffaroni en un plazo perentorio. Toda esta situación se produce en momentos en que la relación del Poder Ejecutivo con la Corte Suprema no atraviesa por su mejor etapa.
De hecho, el kirchnerismo reprochó al presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, la demora en la aplicación de la Ley de Medios -en la que solamente Zaffaroni falló de acuerdo al criterio del núcleo duro del oficialismo- y la declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial sancionada por el Congreso. Los chispazos alcanzan también al financiamiento del Poder Judicial.
En este contexto, la salida de Zaffaroni -cuya carta de renuncia dirigida a la Presidenta exhibe un tono más propio de un ministro del Gabinete que de un juez de la Corte- le pone puntos suspensivos a la presencia del kirchnerismo en el máximo tribunal, al tiempo que resta influencia al denominado “garantismo”. O sin más, al “abolicionismo” que le atribuyen otras corrientes del derecho criollo.