Por un nuevo paradigma en el Poder Judicial

Debemos avanzar hacia un nuevo paradigma, donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad.
Si en tribunales todos internalizaran que están prestando un servicio público, que el ciudadano-litigante es más importante que los jueces, mucho empezaría a cambiar.
Democratizar la justicia es una tarea eminentemente política, que no debe ser partidaria. Es, también, una misión colectiva, que trasciende al Poder Judicial. La administración de ese servicio público, es demasiado importante para dejársela sólo a los jueces. Pero será imposible sin su participación, su creatividad, su autocrítica y compromiso.
El Poder Judicial debe darse una discusión interna, hace falta una justicia más territorial que se ponga cerca de la gente. Hay que superar la desconexión que muchas veces existe entre una organización y sus prácticas, entre el Poder Judicial y las demandas sociales.
El Poder Judicial debe proteger los derechos individuales y colectivos, y poner límites a los otros poderes. Para asegurar eso, en la justicia Penal, hay que cambiar la selectividad estructural del sistema, la que va dirigida contra los sectores más vulnerables. Que se ocupe de los delitos, y de reducir los niveles de impunidad.
A la justicia hay que abrirla, hay jueces que deben entender que están prestando un servicio. En nuestra ciudad hay jueces y fiscales de gran calidad humana, lo cual nos asegura un nivel de discusión totalmente diferente.
La única justicia verdaderamente democrática es la que acompaña los cambios que la comunidad reclama, y la que tiene en cuenta las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Es cierto que la justicia llega cuando los hechos ya han ocurrido y el dolor es irreversible. Pero no es menos cierto que una mala actuación de los operadores judiciales aumenta ese dolor. La buena justicia es reparadora para las víctimas y sus familiares y sumamente preventiva para el resto de la comunidad.
Hoy la democratización de la justicia no significa discutir solamente cuestiones técnicas como juicio por jurados o pago de algún impuesto, sino además y fundamentalmente, qué clase de jueces, fiscales y defensores queremos.