En la sesión que se realizó ayer en el Concejo Deliberante se confirmó lo que ya se veía venir: el Gobierno municipal solicitó al Departamento Legislativo que encabeza Juan Fiorini una prórroga para la presentación del Presupuesto 2025, lo cual quedó reflejado en la prórroga del período de sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, cuestión que fue aprobada por unanimidad, es decir, por todos los concejales.
Por lo pronto, fuentes consultadas en el oficialismo, tanto del Gabinete del intendente Pablo Petrecca como de su bloque de concejales, la respuesta que repiten de manera constante es "estamos trabajando en el presupuesto" y ante las repreguntas que permite esa respuesta, las mismas se convierten prácticamente en monosilábicas.
De todas formas, lo que sí puede adelantarse es que sucederá algo similar a lo que ocurrió el año pasado, cuando el 29 de diciembre los concejales aprobaron el presupuesto del año en curso y su Fiscal Impositiva. El oficialismo de Juntos contó con el apoyo del bloque de La Libertad Avanza y así logró su aprobación, pese al rechazo del bloque de Unión por la Patria.
Aquel presupuesto fue confeccionado en un contexto de incertidumbre en cuanto a los indicadores futuros. Además, a la hora de su tratamiento, el Gobierno nacional no había presentado el suyo, y lo mismo había hecho el gobierno de Axel Kicillof. Todo eso genera un clima difícil a la hora de prever, ya que por lo general, siempre es Nación quien presenta su presupuesto, luego Provincia y, finalmente, los municipios.
Ahora, el panorama es un poco más claro, pero para nada sencillo, y las reglas del juego se repiten. Más allá de eso puede analizarse que la inflación acumulada hasta octubre de este año a nivel nacional era del 107%, aunque la interanual se elevó al 193%. Seguramente en ese rango se incrementen los 19 mil millones presupuestados para este año para Junín, aunque el Gobierno municipal llevaba gastados a la fecha unos 21 mil millones de pesos.
Presupuesto nacional
El presupuesto 2025 tiene una importancia vital, por su incidencia política en los comicios del próximo año y su proyección sobre las elecciones de 2027, en el éxito o fracaso de los actuales gobiernos provinciales, que responden a distintas fuerzas políticas, desafiadas ahora por La Libertad Avanza, creado como nuevo partido nacional.
En este complejo marco político conviene prestar atención a reglas previstas en la Constitución Nacional para regir la confección del presupuesto, de la que derivan consecuencias respecto de otros instrumentos normativos o ciertas políticas.
La norma principal, el inciso 8 del artículo 75 establece las siguientes condiciones para el presupuesto: debe ser anual, lo que implica que la prórroga de un presupuesto es excepcional y una prórroga para dos ejercicios podría implicar una presunción de inconstitucionalidad sobre todo el accionar de la administración nacional. Además, se dicta conforme a las pautas del inciso 2 en especial previendo que su distribución se efectuará entre la Nación y las provincias “en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas”; en función de ciertos fines donde destacan “el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”; con un programa general de gobierno y plan de inversiones públicas que especifique las obras que se realizarán con recursos nacionales.
En cuanto al financiamiento de las cajas provinciales no transferidas el gobierno actual en el DNU 280/2024 dispuso excluir de la prórroga del presupuesto para el ejercicio 2023 las transferencias de los adelantos que debía realizar el Tesoro Nacional, para cubrir muy parcialmente el déficit que registra por incumplimientos a pactos federales y leyes nacionales.
La no transferencia de esas cajas a la Nación está expresamente autorizada por el artículo 125 de la Constitución y el Estado nacional debe proporcionar los recursos para equipararlas con las cajas nacionales. Ante la inminencia del debate presupuestario o de resoluciones de la Corte Suprema, el gobierno nacional dictó con fecha 1º de noviembre el Decreto 969/2024, por el cual el Estado Nacional ofrece a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adhesión a un régimen de extinción de obligaciones recíprocas, delegando que sea administrado por el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.
Sin embargo, analizando las normas de dicho decreto cabe advertir que se fijan plazos a las provincias para acogerse a esa normativa, pretendiendo contar con algunas de ellas para que influyan sobre sus legisladores en la aprobación del presupuesto 2025.
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