Luego de conocerse que el Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, presentará demandas a los municipios que cobren tasas en la venta de combustible, la polémica se reaviva, al menos en Junín donde el impuesto se cobra desde el 2014.
Ante la eventual concreción de acciones en la Justicia, el subsecretario de Gobierno, Andrés Rosa, aseguró que “en todo caso debería ser la Justicia la que obligue o modifique criterios anteriores” y aseguró que "el Municipio se mantiene en la misma postura".
Asimismo el funcionario resaltó que “los municipios no dejamos de vivir tiempos de incertidumbre. Todo recorte en financiamiento afecta nuestra vida comunitaria”.
La tasa de la polémica
En nuestra ciudad el cobro se hace bajo el concepto 'Tasa por Trazado Urbano Municipal' que se aplica en los combustibles, naftas, gasoil y GNC, y que abona todo aquel que cargue en las estaciones de Junín, del distrito, ingrese o no a la ciudad.
La tasa fue instaurada en 2014 por el exintendente Mario Meoni, en sintonía con otros municipios alineados con el massismo en ese momento.
Una vez que asumió el intendente Pablo Petrecca, la tasa se mantuvo, a pesar de las críticas sobre su aplicación.
Rosa aseguró que el Municipio mantiene su postura y en esa línea destacó que “si se quiere discutir esta tasa, que también se pongan en discusión impuestos provinciales o nacionales, muchos de los cuales se podrían eliminar rápidamente porque no tienen ninguna contraprestación visible". Además, reiteró que, en el caso de Junín, “se trata de una tasa destinada a una contraprestación, es decir, su recaudación se destina a los trabajos de bacheo". Y recordó que se trata de una tasa “avalada por la Justicia”, ya que “en septiembre del 2021 la Corte Suprema falló en contra de la firma Axion y avaló cualquier tipo de tasa que decidan cobrar los municipios, siempre y cuando cumplan con una serie de pautas explicitadas al final del fallo".
Un poco más allá en la cuestión del cobro, Rosa dijo recordó que "esta, como otras tasas, nacieron por la falta de fondos y por una coparticipación vigente en desmedro de los Estados Municipales".
Municipios con “incertidumbre”
El funcionario destacó que "son los municipios los que, ante la ausencia de un gobierno provincial, asumen responsabilidades que no le competen, como la seguridad y la educación” y que son “los únicos que conocen la realidad de cada distrito y los que pueden llevar adelante políticas que realmente impactan en la comunidad”.
Sobre las demandas que planea llevar adelante el Ministerio de Economía, Rosa aseguró que “si el Gobierno va a iniciar acciones ante la justicia, debería ser la justicia la que obligue o modifique criterios anteriores”. Asimismo, reconoció que “de todas maneras, los municipios no dejamos de vivir tiempos de incertidumbre. Todo recorte en financiamiento afecta nuestra vida comunitaria”.
Presentación judicial
En ese contexto Caputo prepara una presentación judicial que irá en contra de los municipios y las tasas que cobran sobre la venta de combustible. Según confirmaron fuentes oficiales, utilizarán la figura de “doble imposición” y reforzará denuncias ya realizadas por cámaras de estaciones de servicio.
Una de las obsesiones del Gobierno es hacer que se noten los resultados de la estabilización. Al respecto Caputo dijo que “tenemos que empezar a crecer para devolverle esa plata a la gente en baja de impuestos”.
Si bien este capítulo no contempla la reducción puntual de un tributo, sí busca evitar el cobro de recargos que los municipios aplican en un consumo transversal a personas y empresas.
El argumento judicial que evalúa utilizar el equipo legal del Ministerio de Economía es el de la doble imposición. Este concepto hace alusión a la situación en la que una renta o un bien están sujetos al menos dos veces al mismo impuesto.
En el caso del combustible, esta yuxtaposición tributaria se ocasiona con el impuesto a los combustibles y la tasa vial, cuyo nombre puede variar según el municipio, pero suelen acompañar al ticket de la nafta o del gasoil que imprimen las estaciones de servicio.
De acuerdo con datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), los municipios recaudaron $1300 millones entre enero y julio a través de estas tasas, que encarecen un 2% el ticket final por la carga de combustible, en promedio.
El presidente de la Cecha, Isabelino Rodríguez, sostuvo que “los municipios por una avidez recaudatoria generan pseudotasas en las que involucran el consumo de combustibles en cuestiones que son ‘engaña pichanga’”. Explicó que las comunas aplican tasas por uso de caminos y el mantenimiento de rutas a través de algo que ya tiene un gravamen que les genera ingresos.
La presentación judicial en la que trabaja el Ministerio de Economía se transformaría en la segunda medida directa en contra de los municipios que aplican tasas sobre el combustible. El 17 de septiembre pasado, el Gobierno de Javier Milei ya había dispuesto que las estaciones de servicio que cobren tasas municipales lo informen mediante un cartel en el surtidor. En ese entonces, Caputo celebró la medida y dijo: “Seguimos dando la batalla por la transparencia”.
En cada uno de los surtidores se deberá colocar en un lugar visible una calcomanía cuyos colores serán definidos por cada empresa petrolera, mientras que las bocas de expendio que no representan a marca o bandera determinada tendrán un sticker de color amarillo. Los establecimientos que no cumplan con esta medida -tienen tiempo hasta mediados de febrero para adaptar sus instalaciones- recibirán sanciones económicas o apercibimientos para las estaciones de servicio, según dispone el artículo 3 de la norma publicada otrora en Boletín Oficial.
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