Unnoba: valoran como positivo que la SIGEN vuelva a controlar a las universidades

La Ley de Educación Superior establece que las universidades nacionales estatales deben ser controladas por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, y, a su vez, contar con mecanismos de auditoría interna.

La Auditoría General de la Nación ha realizado auditorías sobre universidades, pero no todos los años y su trabajo demora un tiempo a la hora de mostrar los resultados. El organismo señala que su plan de trabajo “depende de una Comisión Parlamentaria Mixta”, que aprueba cuáles serán las auditorías. De esta manera, este año se están auditando 6 universidades nacionales.

Por su parte, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del Presidente, fue limitada en 2022 -durante la gestión del Frente de Todos- para intervenir en el control de las casas de estudio a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Ese criterio fue revertido por el actual procurador Rodolfo Barra.

En su discurso en la presentación del Palacio Libertad “Domingo F. Sarmiento” -antes Centro Cultural Kirchner-, el Presidente Javier Milei cuestionó la presunta falta de auditorías a las universidades nacionales. “Si no quieren ser auditados debe ser porque están sucios, por lo tanto, señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad, que no quieren ser auditados para mantener sus curros”, dijo.

Los controles sobre la Unnoba

Por esta situación, Democracia realizó un relevamiento de consultas con diferentes actores políticos para saber qué piensan al respecto sobre las auditorias en las universidades y, específicamente, sobre el involucramiento de la SIGEN en los controles. 

Al respecto, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, hizo un balance del estado del conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional, luego de la segunda Marcha Universitaria y del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que sigue es ponernos a discutir el presupuesto 2025, esperemos que nos acompañen el mismo número de diputados que antes lo hicieron con la Ley”, dijo Tamarit.

En el discurso que brindó el rector, se refirió a uno de los argumentos empleados para desacreditar a las universidades: la supuesta falta de transparencia. “Nosotros siempre nos hemos sometido al control y a las auditorías, porque el rendir cuentas es inherente a toda actividad pública. Es lo que hace a la función de cualquier organismo estatal”, remarcó. 

Por eso, Tamarit valoró que el Gobierno nacional haya tomado la iniciativa de volver a hacer funcionar la Sindicatura General de la Nación, el órgano de control interno del Gobierno nacional que tiene por función auditar la gestión pública.

Puntualmente, en el caso de la Universidad que preside, Tamarit recordó que “de acuerdo al índice de transparencia del propio gobierno, la Unnoba está en 4º lugar entre las universidades públicas y en lugar 26° entre más de 200 organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional”. “Es decir, su índice de transparencia está muy por encima de la mayoría de los organismos públicos, e incluso es superior a Jefatura de Gabinete y a la Secretaría Privada de la Presidencia”, resaltó el rector.

El control del Congreso

Danya Tavela, diputada nacional por la UCR de la Provincia de Buenos Aires, se sumó al debate que plantea Democracia y remarcó que “la Ley de Educación Superior, que es posterior a la Constitución de 1994, en base a la autonomía y la autarquía de las universidades, establecen un sistema de control que está regido por la Auditoría General de la Nación”, porque “las universidades dependen del Congreso en términos de creación, intervención, presupuesto y de control”.

Para Tavela, en tanto es el Congreso el que asigna el presupuesto, es lógico que sea el que lo controle. Además, recalca que las universidades nacionales tienen un sistema de control interno. 

“El 98% de las universidades argentinas tienen un sistema de control interno, independientemente de lo que indique la Ley de Administración Financiera, porque es la forma que vos tenés de hacer tu control. Cualquier empresa, cualquier organización tiene su propio sistema de control interno, para evitar desvíos y malos procedimientos”, dijo la ex vicerrectora de la Unnoba.

Para Tavela “las universidades tienen que tener auditorías y deben ser controladas”, por lo que anexó que tiene que haber rendiciones de fondos. “Eso va por encima de la discusión que el Gobierno pretende dar. Si la discusión es el foco, está puesto en general una posición de mala fe o si se quiere, una pérdida de legitimidad de la universidad frente a la sociedad. Ese camino es cerrado porque las universidades han ido presentando informes en sus diversas auditorías”, remarcó.

En el caso de la Unnoba, es una de las que tienen certificados por ISO en distintas etapas de sus procedimientos que tienen una unidad auditoria interna. “Las universidades tienen un organismo que certifica la calidad de sus carreras y hace evaluación institucional, con un organismo del propio Gobierno nacional que evalúa desde las carreras de posgrado, las de grado, hasta la de funcionamiento institucional”, destacó.

Por otra parte, la diputada consideró que “lo que hay que revisar son los procedimientos internos del gobierno para poder celebrar convenios con instituciones públicas o privadas donde después aparecen las fundaciones de cualquier ONG”. “Es lógico que vos puedas pensar que las universidades son consultoras naturales del Estado. De alguna manera tenés todo ese conocimiento y sería absurdo no usarlo. Ahora, para poder utilizarlo, podés generar convenios de manera transparente”, aclaró.

En síntesis, sobre este tema, para Tavela la discusión debe pasar en “qué hacen los gobiernos de turno con la transparencia en las universidades y en los demás organismos e instituciones con las que se vinculan”. Y sumó: “Las universidades tienen un montón de controles y auditorías”, aseveró.

Consultada sobre el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación sobre universidades, la entrevistada consideró que “ninguna auditoría se realiza con celeridad”, porque “lleva varios meses empezar a ponerse en línea para poder hacer las auditorías que tiene planteadas”. “Puede ser que la Auditoría General de Nación tenga rezago, lo que hay que ver es si efectivamente la dotación que tiene le permite llevar adelante ese nivel de control”, aclaró.

Auditoría a la Unnoba

Desde el oficialismo, Belén Veronelli, concejal de La Libertad Avanza, remarcó que realizará un proyecto para que, este año, una de las universidades que se auditen sea la Unnoba, ya que considera que “la información pública es "manejada por unas pocas personas”. 

“Porque de acá hasta que llegue la auditoría a la Unnoba va a pasar un mucho de tiempo. Entonces vamos a solicitar de forma formal para que la auditen”, aseveró.
Veronelli cuestionó que el sistema de auditorías es aleatorio y dejó entrever que la información de la Unnoba no es enteramente accesible. "Todos sabemos que el dinero, una vez que entra a la Fundación, es muy difícil de investigar”, marcó.

Dinero de los contribuyentes

Por su parte, el concejal libertario, Juan Manuel Cornaglia Ré, se mostró a favor de las auditorías al igual que “en todo el sector público”, porque “es el dinero del contribuyente el que se invierte”. “Es un requisito constitucional y legal que está contemplado en la Ley de Educación Superior que las universidades tienen que ser auditadas por un organismo externo”, sostuvo.

Además, Cornaglia Ré recordó que “en el 2022 en la gestión de Fernández se limitaron las funciones y recién se pudo revertir hace poco tiempo”. “Respecto a lo que dicen que las universidades ya eran auditadas, eso es totalmente relativo. Una auditoría interna no es una auditoría real y eso se vio en la discusión entre el subsecretario de Políticas Universitarias y el vicerector de la UBA”, remarcó el concejal.

Para Cornaglia Ré, “están usando toda esta cuestión políticamente para intentar desgastar al Presidente y a La Libertad de Avanza”. “La educación pública nunca estuvo en peligro y, en realidad, la verdadera lucha de los liberales es por la transparencia. Que no es ni más ni menos que lo que se está aplicando en todo el Estado”, destacó.

Control de lo público

Juan Manuel Pavón estudió en la Unnoba Diseño Gráfico y actualmente forma parte del Consejo del Partido Justicialista y de la Corriente Nacional de la Militancia. Respecto al tema central del informe, Pavón aclaró que “las auditorías en las universidades ya se están haciendo”, porque “son un ente autárquico”. Además, remarcó que “si hay dudas sobre el manejo de las universidades, hay que auditarlas”, aunque aclaró que “eso no significa que haya que desfinanciarlas y atacar sistemáticamente al sistema universitario".

Para Pavón, detrás de las auditorias “hay otras intenciones”. “No sé bien qué buscan atrás de esto, si entiendo, por lo que se lee y por lo que dice más que nada Villarruel, que la idea es desprestigiar”, cuestionó.

Para el Diseñador Gráfico recibido en la Unnoba, el Gobierno Nacional “no quiere tener una universidad donde los estudiantes se entiendan como parte de un proceso social, histórico y cultural”, o que “estudien carreras que tengan que ver con el pensamiento y la creatividad”. “Ni siquiera López Murphy se animó a tanto. Porque en el 2001 quiso recortar ese presupuesto sin entender que somos un ejemplo a nivel mundial”, valoró.

Para Pavón el camino a privatizar las universidades públicas “sería mucho”. “Hubo gobiernos que lo quisieran hacer, pero siempre el pueblo argentino tomó la bandera de educación pública como referente casi indiscutible”, remarcó.

Ley de Financiamiento Universitario

Tras la segunda marcha federal universitaria del 2 de octubre, el Gobierno vetó en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario.

El martes 9 de octubre, en una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación trató el veto presidencial. Finalmente, 160 diputados levantaron la mano a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 84 votaron en contra y 5 se abstuvieron. De esta manera, no se alcanzaron los 2 tercios necesarios y se mantuvo el veto de Milei. 

La norma preveía un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, y una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. La inversión anual por estudiante de una universidad pública se encuentra en los niveles más bajos desde 2004, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Por esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional y otras organizaciones realizaron una marcha a la Plaza de los Dos Congreso para reclamar al Gobierno nacional por el aumento en las partidas presupuestarias destinadas a universidades nacionales de todo el país y mejoras en los salarios docentes. Para este año, el presupuesto total para las universidades es de $3,98 billones, lo que equivale a $ 1.905.654 por alumno. La cifra representa una caída del 30,09% en comparación con 2023.