Las modificaciones en los procesos de divorcio propuestos en un proyecto que el Ministerio de Desregulación presentó en el Congreso de la Nación generaron revuelo en los últimos días y el rechazo del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
El Consejo Superior de la institución resolvió “de manera unánime tomar acciones concretas ante el proyecto de ley de divorcio administrativo (0019-P-2024), al considerar que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos y las incumbencias profesionales”.
El proyecto busca mayor celeridad en la disolución del matrimonio, “en sede administrativa”, sin necesidad de pasar por la Justicia.
Democracia dialogó con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín, quien se refirió al proyecto, cuestionó los fundamentos y aseguró que se ponen en riesgo los derechos de las partes.
-Se habla de divorcio express, divorcio administrativo. ¿De qué se trata exactamente?
-El divorcio express que se ha instalado en estos días, ya que el gobierno ha enviado para hacer un proyecto. Creo que en realidad es una campaña política, donde se intentan instalar soluciones mágicas a problemas que en realidad no existen.
Es un proyecto que intenta sacar de la órbita de la justicia a un trámite muy específico que es el divorcio por mutuo acuerdo. Hay distintas propuestas en danza. Algunos plantean que sea sólo para el caso de aquellos matrimonios que no tienen hijos o bienes sobre los cuales tengan que hacer un acuerdo. Es decir que es casi un oxímoron, algo que no existe, digamos. Además, en la actualidad, la gente se casa bastante poco, de modo que hoy el divorcio no refleja un problema en el ámbito del servicio de justicia.
El gobierno, el ministro Sturzenegger en este caso, instala el tema como si esto fuera un problema cuando realmente no lo es y para esto es necesario explicar un poco algunas circunstancias.
La administración de justicia depende de las Provincias, los regímenes procesales y las materias arancelarias que regulan los procedimientos judiciales están regulados por cada una de las provincias y esto se llama ‘materia no delegada’ por las provincias a la Nación.
De modo tal que aún una reforma que se pueda hacer en el Código Civil y Comercial diciendo que el divorcio por mutuo acuerdo podría hacerse con una presentación de los cónyuges en ANSES, es algo abstracto que no tiene su cauce procedimental regulado en la provincia.
-¿Por qué consideran que el proyecto no es necesario?
-Primero, hoy en día hay cada vez menos matrimonios. Segundo, casi no existen, hay muy pocos matrimonios en que no existan bienes y no tengan hijos sobre los cuales haya que acordar alguna cosa. Y aún cuando algún caso aislado pudiera existir, esos casos en la justicia se resuelven con absoluta rapidez.
Si existiera algún caso de laboratorio de esos aislados donde los cónyuges quisieran divorciarse por mutuo acuerdo y no tienen hijos y no tienen bienes, ese trámite en la justicia sale rapidísimo. No es cierto que sea costoso, para nada, y aún así, siempre se hace con la intervención de abogados que garantizan un adecuado asesoramiento a las personas porque incluso cuando los cónyuges no tengan hijos ni tengan bienes, siempre es necesario un adecuado asesoramiento.
El proyecto no trae ninguna solución a un problema porque no hay ningún problema que exista en la realidad con esto. Viene a instalar una necesidad que lo único que hace es distorsionar la trascendencia de una decisión como es el divorcio y de las consecuencias que tiene el divorcio para las personas.
La única manera de que las personas cuando van a transitar este momento de la vida, lo hagan sin generar mayores problemas, sin perder derechos, sin que se vean inducidas uno a otro a hacer algo que no quieren hacer es con la presencia de abogados que garanticen un adecuado deber de información y obviamente con la intervención de un juez que verifica que se respete la ley en todo aquello que sea materia de acuerdo.
En fin, se instala algo como, creo yo, de campaña y no como una respuesta a una verdadera necesidad.
-El Colegio cuestiona una pérdida de derechos de los ciudadanos.
-Hay un riesgo de pérdida de derechos, está en riesgo que pueda existir una ausencia de debido asesoramiento y debida información y esto lo único que genera en realidad son mayores problemas porque cuando alguien hizo algo que después se dio cuenta que no quería hacer o que lo hizo de una manera que no quería, termina yendo en busca de la reivindicación de su derecho y se termina generando mayor litigiosidad.
Lo mismo que sucedería con las sucesiones notariales, que son parches que vienen a generar mayores problemas. Obviamente nosotros rechazamos terminantemente esto, ya que no tiene que ver con que los abogados no queremos perder un protagonismo o una incumbencia, porque hoy ningún abogado vive de estos casos, ni tampoco es importante el valor en un divorcio por mutuo acuerdo donde no existen bienes porque hoy son casos absolutamente aislados.
Lo que sí nosotros reivindicamos es que no se puede crear un mecanismo artero con una falacia para instrumentar algo que no es lo que sucede en la realidad y que lo único que hace es llevar a que la gente se vea expuesta a perder derechos.
-El proceso de divorcio en los últimos años se simplificó mucho, al menos en los tiempos.
-Un divorcio por mutuo acuerdo con firma de los dos, con letrado, en un Juzgado no tarda más de 15 días. No hay ningún justificativo para esto.
Yo entiendo que el gobierno está instalando temas para esta continua campaña pero la verdad es que esto no es un problema. Y si fuera un problema, el Ministro lo que tendría que hacer es aportar algún dato, alguna estadística, demostrar con números cuál es el problema que hay, cuáles son las cantidades de casos, cómo están generados los problemas, dónde están las trabas. No existen.
Sinceramente pensé que el rol del ministro Sturzenegger iba a ser de mayor calidad, es una persona formada, preparada. No puede ser que se baje el nivel de debate de esta manera, sin poder generar un ámbito de discusión.
Si hubiera datos, estadísticas, nosotros los presidentes de colegios de abogados no tendríamos problema en poder discutir abiertamente esto.
Pero la realidad es que, como dije, esto es un plan de campaña. No hay ninguna necesidad.
Es una manera que tiene el gobierno de pretender venderse como a favor de la gente como si del otro lado hubiera un enemigo, cuando ello no es así.
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