Si bien algunos de los puntos de la Ley Bases que apuntan a lo laboral están siendo evaluados por algunos gremios, en general la oposición a la misma es lo que prima. Desde el Gobierno nacional apuntan, por una parte, a una mayor flexibilización en el registro del empleo y en la forma que se da el "cese laboral", evitando mencionar la palabra despido.
En diálogo con Democracia, algunos gremios locales fijaron su posición. En tanto, desde la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo con asiento en Junín destacaron los puntos que incentivan a la registración del trabajo para terminar con el empleo en negro.
Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín, al ser consultado por TeleJunín, dijo que la Reglamentación de la Ley Bases, de la supuesta modernización laboral específicamente, está siendo estudiada por el equipo técnico local del gremio y la Federación de Empleados de Comercio a nivel nacional.
Al respecto, el secretario general consideró que eso lleva adelante tres puntos fundamentales para el sector privado, y explicó: "Primero, el aumento del período de prueba de tres a seis meses; y, segundo, la figura del colaborador, que el emprendedor podrá contar con otros tres sin relación de dependencia para actividades específicas".
Aquello significa que "hay que estar pendientes, para que no haya fraude laboral" con esta nueva normativa. "Está destinada a emprendimientos productivos y no a cubrir una relación laboral”, advirtió Melo, destacando que “la relación de dependencia es una de las herramientas más fuertes que tiene el trabajador para defender su estabilidad laboral”. “Y el tercer punto, el más polémico, es el Fondo de Cese Laboral. Se reemplazarían las indemnizaciones por el mismo, y eso se discutiría en negociaciones colectivas a nivel nacional, las cámaras empresarias con el sindicato de cada sector respecto a qué modalidad de fondo se implementaría”, dijo Melo.
“Flexibilización de derechos”
En su opinión, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín remarcó que "es una ley que no aborda ninguna modernización laboral" porque "no se menciona el trabajo con la inteligencia artificial que es lo que el mundo entero está discutiendo". Y anexó: "De alguna manera, lo que vemos en esta Ley Bases y su reglamentación es una flexibilización de derechos, que obviamente nos preocupa y tenemos que estar encima de ese abordaje por los derechos ya conquistados y que tanto costaron tenerlos".
Respecto al tema de indemnizaciones y Fondo de Cese Laboral, Melo señaló que "hasta que las cámaras empresarias y las federaciones de cada sector no implementen el mecanismo que se aplicará, sería una irresponsabilidad hablar de esto". "Podríamos generar una confusión y, por ahí, algunos a los que les gusta ‘esquivar’ lo que corresponde tratarían de intervenir. Hay que ver cómo se estudia esta nueva reglamentación de esta reforma laboral", acotó.
En tanto, Melo explicó que “el objetivo de la indemnización es contener la estabilidad laboral" y recordó que "incluso en épocas difíciles del país, se ha implementado la doble indemnización sosteniendo el espíritu". En la misma línea, el entrevistado soslayó: "Esto del Fondo de Cese puede generar inestabilidad, generando lo que ya está pasando este año en Junín: más bajas que altas en el mundo laboral. Desde enero hasta agosto inclusive, en cada mes hubo más bajas que altas. Hay un estancamiento comercial en los sectores comerciales de la ciudad, donde también vemos que la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores, los adultos mayores, hace que esto se profundice".
Héctor Azil, secretario general de la Filial Junín de ATSA, en diálogo con Democracia, fue categórico en su opinión: “La reglamentación del capítulo Laboral de la Ley Bases, todo lo que estipula respecto a los trabajadores y trabajadoras, es totalmente negativo y en contra de los derechos adquiridos que tanto costaron conquistarlos”. Además, consideró que “es un primer paso que está dando el Gobierno con medidas para desregular el mercado de trabajo con el único objetivo de bajar el costo laboral, bajar los salarios y desproteger totalmente a los trabajadores”.
“Condonación de deudas”
En el mismo sentido, el secretario general de la Filial Junín de ATSA sostuvo que "la Ley bases extiende el período de prueba de 3 a 6 u 8 meses según la cantidad de trabajadores que tenga la empresa", impulsando la rotación permanente de personal, sobre todo en empresas que no necesitan mucha preparación ni capacitación de sus empleados, porque "cada seis meses u ocho tomarán empleados nuevos, trayendo una incertidumbre laboral muy grande". Pero además, explicó, esa rotación hace que no permitan que adquieran antigüedad que vaya reflejada en el sueldo.
Para Azil, eso le permite a las empresas "regularizar a los trabajadores que no tengan registrados", o mal registrados, sin cobrarles ningún tipo de multa ni infracción ni sanción, de las cuales una parte de esas multas siempre iba a los trabajadores. "Le permiten computar hasta 60 meses de aporte previsionales, a cinco años, aunque el trabajador haya estado más tiempo. Eso es lo máximo que le permiten computar como período para la jubilación. Entonces, por un lado hablan de financiamiento de las cajas jubilatorias y, por otro, están perdonando a empleadores que tuvieron durante años no registrados a sus trabajadores, les están condonando esas deudas”, apuntó.
"Colaboradores" y despidos
Héctor Azil mencionó otro punto que causa preocupación y es que el trabajador independiente podrá tener hasta tres "colaboradores". "Es decir, permite que un trabajador autónomo, monotributista, pueda tener a cargo hasta tres trabajadores más como monotributistas. Lo que busca es una precarización total de la actividad laboral y, en cierta manera, sacar a trabajadores de los convenios colectivos de trabajo que son los que le amplían los derechos por encima de la ley de contrato de trabajo. O sea, todos los beneficios que establecen los convenios colectivos de esta manera desaparecen, desde los más mínimos como antigüedades o licencias especiales hasta las vacaciones, aguinaldo y un montón de beneficios que tienen los empleados", destacó.
Asimismo, el secretario destacó que "hay algo que todavía están tratando de limar", porque "deja muchas dudas", al referirse a la causa de despido por "participación de un bloqueo o toma de establecimiento".
"No es que uno esté a favor de una cosa o en contra, pero ¿cuál es el criterio y quién lo va a aplicar? ¿A una asamblea la pueden interpretar como un bloqueo o como toma? Vale mencionar que la medida de fuerza puede ser una herramienta para lograr mejoras salariales o defender los derechos conquistados", advirtió.
El dirigente apuntó que "se establece una indemnización especial para los despidos discriminatorios", que antes la ley lo que obligaba era restituir o reinstalar al trabajador en el puesto de trabajo cuando era discriminado. "Estaba prohibido el despido discriminatorio, y ahora lo habilita contra el pago de una contraprestación en una indemnización", dijo.
“Y entre los puntos más importantes –concluyó Azil- está ese Fondo de Cese que los trabajadores aportemos para nuestra propia indemnización, para el día que decida el empleador decirnos ‘quedaste sin trabajo’ y yo me ahorré la plata para mi indemnización. La ventaja es que esto no se estableció de manera colectiva: cada sindicato, cada actividad lo verá y lo tendrá que trabajar con las cámaras empresarias del sector si deciden aplicarla”.
Puntos a favor
El delegado de la Secretaría de Trabajo de Nación, doctor Alberto Pascual, también hizo un aporte sobre este espinoso tema, que comenzará a implementarse en el corto plazo. Señaló que quedó reglamentada por el decreto 847 la parte referida a trabajo de la Ley Bases, de los artículos 76 al 98, y detalló que tiene dos partes: una de modernización laboral y, la otra, la promoción de registración de empleo.
“Respecto al último punto, veo esta reforma que se logró como algo fundamental para poder llevar adelante el objetivo de que exista trabajo registrado en mayor cantidad. Uno de los males que nos viene acosando desde hace más de 20 a 30 años es el trabajo informal. Será más fácil el blanqueo del trabajo en negro, 60 meses para atrás”, mencionó.
Pascual consideró que, si bien el que trabaja en negro tiene muchos perjuicios porque gana menos, el día de mañana no va a tener una jubilación digna ni obra social para la salud de él y su familia. Y sumó: "También perjudica al sistema porque, al no tener aportes ni contribuciones al sistema de previsión social, no entra dinero para ir solventando las jubilaciones actuales", dijo. Para el doctor Pascual esto "perjudica al sistema": si la persona no tiene obra social, generalmente van a atenderse al sistema público de salud y el mismo puede quedar colapsado.
Sobre la parte de modernización, el delegado señaló que se cambiará la forma de registración de los trabajadores, haciéndola mucho más ágil, eficiente y por sistemas electrónicos. "La información que pide para poner en blanco al trabajador serán siete ítems de información nada más. Para las empresas de hasta 12 trabajadores se hará un sistema único de recibo de sueldo online que va a ser mucho más sencillo para llevar adelante la liquidación mensual de sus salarios", destacó.
A la pregunta sobre si eso significaba también que el empleador no necesitaría de un profesional -un contador, por ejemplo- para registrar a un trabajador, el delegado dijo que "lo podrá hacer a través de un sistema online, siendo más fácil registrarlo en los formularios correspondientes".
“Cese laboral”
A la acotación sobre si la nueva reglamentación hacía también más fácil despedir gente de sus empleos, el delegado habló entonces del Fondo del Cese laboral. "No se consiguió que sea obligatorio, sino que será optativo, a voluntad de la empresa, el gremio y el trabajador. Será con acuerdo de partes, a través de una contribución, un pago que tendrá que hacer el empleador, de tres formas: a través de contratar un seguro; otra forma es por un fondo de inversiones, en acciones, reglamentado por el Banco Central que será como garante en este tema; y, por otro lado, puede haber una cancelación individual, se pacta entre las partes un importe que el trabajador se va a llevar cuando se deje de lado la relación laboral", detalló.
El doctor Pascual mencionó un punto novedoso, que cambiaría esta forma de terminar la relación laboral, y es que no habría despido como era antes, sino un cese laboral. "Sea por una renuncia o por un despido, el cobro del fondo será igual, no importará el motivo”, apuntó.
A la pregunta sobre si se reconoce la antigüedad en este “cese laboral”, respondió que "en principio habrá un acuerdo entre gremio y empresa" y, como es optativo, el trabajador o gremio que no acepte podrá seguir con el actual sistema y no cambiará nada. "Seguramente si tiene 30 años de antigüedad querrá seguir con el mismo sistema. Pero hay que tener en cuenta que llegar a un juicio laboral puede tardar cuatro años, si es que el empleado tiene la suerte de cobrar, porque por ahí la empresa ni existe, o los testigos que tenía en un principio siguen estando de su lado, si no se mudaron, y demás. Y, por otro lado, paras las PyMes se le hace sumamente oneroso, porque por la justicia provincial la forma de actualizar la deuda es a tasa activa", apuntó.
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