El martes, el Gobierno municipal de Junín realizó la presentación del proyecto de ordenanza que presentará en el Concejo Deliberante sobre regulación del tránsito. La secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, en su explicación, adelantó que se compactarán 1500 motos de las 5500 que se encuentran secuestradas, algunas desde hace años.
De esta manera, las unidades en desuso se convertirán en chatarra, al cumplirse los plazos estipulados por las normas y el avance del expediente ante el ProNaCom.
Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, al ser consultado por Democracia, manifestó que se iban a compactar la mencionada cantidad de motovehículos, que habían sido secuestradas hace tiempo. “Son de antigua data. Se hizo el expediente por el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles. Después de casi un año nos asignaron la empresa que hará la compactación”, dijo el funcionario.
Respecto a qué pasos debían cumplirse para hacer ese procedimiento, Olmedo respondió: “Para compactar, se deben cumplir determinados pasos, como es la ley de descontaminación y compactación, que establece cierto plazo pasado de secuestro, 180 días y se inicia un expediente, se saca el edicto, manda a consultar a los organismos judiciales, por si alguna moto tiene impedimento, pedido de secuestro. Del expediente que iniciamos nosotros, 20 tenían impedimento, pedido de secuestro. Se consulta a la Justicia de Falta y al Registro de Propiedad del Automotor. Una vez que se cierra todo ese ciclo, de ahí se manda el expediente al ProNaCom”.
A la consulta sobre cuánto tiempo tenía que pasar desde que fue secuestrada, para ser compactada, Olmedo respondió que a los 180 días de secuestrada ya se podía empezar a hacer el expediente, el cual lleva 6 a 7 meses hasta su resolución. “Nosotros no decidimos qué empresa va a compactar ni el tiempo, nada sino que ello depende del ProNaCom, que es nacional”, acotó.
Operativos
Mario Olmedo se refirió a los operativos diarios para control de tránsito. “Lo que se está controlando es el uso del casco, si no lo tiene se procede al secuestro del motovehículo. Después del 5to. día, con la factura de compra del casco (si no tenía), o si lo compró anteriormente el año pasado con la factura a nombre del infractor, se le restituye el motovehículo no cobrándole ni el acarreo ni la infracción por ser la primera vez”, apuntó para destacar que de esa forma se daba la posibilidad de que, en vez de pagar la infracción, se compren un casco y “ande como corresponde”.
Ante la acotación que quizás era difícil que el infractor tuviera una factura de un casco comprado anteriormente, incluso años atrás, el funcionario respondió que entre acarreo y la infracción el monto a pagar era aproximadamente 120 a 130 mil pesos, por lo que con 35 a 40 mil pesos compraba un casco y andaba como debe.
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