Las recientes declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien propuso que las sucesiones se desarrollen fuera del ámbito judicial, dentro del notarial y generaron fuerte rechazo por parte de los abogados.
En tal sentido, la Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, a través de su presidente, Gerardo Portillo, tildó la iniciativa de “atropello” de las incumbencias profesionales.
En el mismo sentido se expidió el presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, Santiago Bertamoni, quien durante una entrevista realizada por TeleJunín en la que aseguró que esto concede beneficio a los escribanos y compromete la seguridad jurídica.
Por su parte, el flamante presidente de la delegación Junín del Colegio de Escribanos, Hernán Itoiz, pidió mesura al hablar del tema y esperar mayores definiciones al respecto.
Compromiso de la seguridad jurídica
Ante la posibilidad que estudia el Gobierno, de que sucesiones no conflictivas, o en las que en principio no habría un conflicto, podrían tramitarse ante un escribano, en lugar del ámbito judicial, Bertamoni se mostró en total desacuerdo.
“Este proyecto no hace más que conceder una nueva instancia en beneficio de los escribanos, desnaturalizando los principios elementales que rigen en un proceso sucesorio”, en donde lo fundamental, según indicó, “es dotar de seguridad jurídica y de certeza al tráfico de transmisión de los bienes y proteger no solamente los intereses de los herederos, llamados a obtener la herencia del causante, sino también para todo el tráfico mercantil en general y para los acreedores que tenía el causante y el sistema en general”.
El abogado profundizó que “este sistema trata de flexibilizar y de relativizar lo que hoy es muy seguro y da certeza para todos aquellos que después van a comprar un inmueble de un sujeto que falleció o de aquellos que van a otorgar un préstamo a los herederos. Pero este proceso tiende a instalar la idea de que sería mejor, más rápido y más barato, y desde ya que no es así. Por el contrario, genera mayores interrogantes”.
Bertamoni consideró que la propuesta va incluso en contra de los principios que proclama el Gobierno “porque si dice que proclama favorecer la realización de negocios, debería estar preocupado por el respeto a la seguridad jurídica y este proyecto o nuevo formato lo que hace en realidad es dar menos seguridad jurídica”.
Asimismo, cuestionó que lo que hace es “generar una instancia en beneficio de pocos, como son los escribanos, que en realidad no compiten, porque los abogados hoy lamentablemente tenemos honorarios muy bajos en materia de sucesiones. Somos una gran cantidad y nosotros competimos por dar un servicio mejor, esto no sucede con los escribanos, que son muy pocos”.
Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados fijó dudas sobre cómo se cuidarán los intereses de los acreedores, cómo se publicarán los edictos y cómo se notificará al público que un sujeto falleció, entre otros aspectos.
A su vez señaló que, en muchos casos, “en principio puede no haber conflicto, inclusive puede no haber acreedores, pero el conflicto se puede generar después y eso es un termómetro que tenemos los abogados. Tenemos la experiencia de saber que cuando hay una situación que por ahí en principio no hay conflicto, pero podría haberlo, nos tenemos que abstener de intervenir porque no podemos estar de un lado o beneficiando a alguien”.
“La pregunta es ¿qué sucedería después cuando se generen conflictos luego del reparto de los bienes?”, remarcó.
“Llevar mesura y analizar”
Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos - delegación Junín, Hernán Itoiz, consideró que conviene aportar mesura y no apresurarse, así como analizar en su oportunidad los proyectos que se planteen.
“Me parece que, como primera medida y en especial en este momento tan particular del país, lo que hay que aportar es mesura, tranquilidad y calma. Todos los colegios profesionales, más allá de ahora los que están involucrados, tienen el deber de defender sus incumbencias y defender a sus colegiados”, consideró.
No obstante, aseguró que “no hay que apresurarse. Habría que ver cuáles son estos proyectos que el Gobierno ha anunciado que tiene en carpeta, analizarlos y después recién ahí emitir una opinión. Por eso yo no me quiero apresurar. Lo que sí me parece es que el aporte que se puede hacer desde la dirigencia profesional es poner tranquilidad, llevar calma y mesura y analizar”.
A su vez, Itoiz señaló que “uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo y cada uno emitirá su opinión y está en todo su derecho estar o no estar de acuerdo”. Consultado sobre otras experiencias en el mundo respecto de esta iniciativa, explicó que “en lo que es el notariado latino, que es el sistema que nosotros tenemos y que abarca a la gran mayoría de los países del mundo, salvo por supuesto los de tradición anglosajona, la gran mayoría de los países cuentan ya con esta incumbencia. Argentina es uno de los pocos países en donde no se da”, señaló.
“Pero me parece que es momento de esperar, estudiar los proyectos y después emitir una opinión. Esto no es un proyecto que sea del Colegio de Escribanos, sino que es del Gobierno. Entonces me parece que lo más prudente es esperar que el proyecto esté presentado, estudiarlo y después emitir una opinión. Y cada uno tendrá el derecho a defender o criticar o apoyar lo que le parezca correcto”.
Respecto del surgimiento de la propuesta consideró que “tiene más que ver con una idea general del Gobierno, que uno puede compartir o no, de agilizar y desburocratizar. No solamente en este ámbito, sino en general”.
Rechazo
La Caja de la Abogacía de la provincia de Buenos Aires, a través de su presidente, Gerardo Portillo, aseguró: “Rechazamos el atropello total de nuestras incumbencias profesionales y no vamos a permitir que avancen contra ellas”, y agregó “vamos a defender el trabajo de los más de 60 mil abogados matriculados en la Provincia”.
“Las sucesiones no tienen por qué salir de nuestras incumbencias y vamos a trabajar de manera enfática para defenderlas”, subrayó. También advirtió que “es la única manera de otorgarle a la sociedad la seguridad jurídica requerida para estos actos”.
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