Tras meses de debate parlamentario, la Cámara Baja aprobó el pasado 28 de junio la Ley 27.742, conocida como “Ley de Bases”, la que fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 592/24 y de esta forma fue convertida en ley.
Entre otros aspectos de relevancia, en dicha norma hay una serie de modificaciones de relevancia en materia de Derecho Laboral, ya sea modificando normas sobre empleo no registrado; modificaciones del Régimen de Registro Laboral y en la Ley de Contrato de Trabajo.
Sin perjuicio que el debate ha cesado en el Congreso y si bien aún falta la reglamentación, lo cierto es que las discusiones no se han acallado entre quienes resaltan los beneficios de la nueva legislación y sus detractores. Y Junín no es la excepción, con visiones claramente contrapuestas entre los delegados en Junín de las respectivas dependencias de trabajo del ámbito nacional y provincial.
En tal sentido, el Dr.Alberto Pascual, jefe territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, mencionó como uno de los principales cambios la creacióndel Fondo de Cese por Desempleo “que va a favorecer a las empresas más chicas”, según dijo.
“Tuve reuniones con secretarios gremiales de Junín para ver esto que se viene, abrir una mesa de diálogo y algunos gremios ya me manifestaron que están esperando y completamente de acuerdo, sobre todo sectores como el gastronómico donde el trabajo es muy dinámico, cambiante y con horarios diversos, por lo cual ese Fondo sería muy favorable para poder lograr un empleo registrado”, manifestó Pascual.
Según lo explicado, dicho Fondo, que es aportado por el empleador, es similar al que tiene la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina). “Salvo que haya algún cambio dentro de la reglamentación, el trabajador tendría que aportar a una empresa aseguradora que se haría cargo de este fondo y el trabajador lo percibiría cada vez que se queda sin empleo”, acotó.
De acuerdo a lo expuesto, eso favorecería a comercios chicos que podrían tomar a gente que le ayude, colaboradores y que ahora no lo pueden hacer, o si lo hacen es sin registrar, corriendo el riesgo a que tenga algún problema a futuro, laboral o jurídico. “Esto vendría un poco a aliviar esta situación”, apuntó acotando que quizás otra empresa, más grande, podía tener otro caudal económico para hacer frente a una demanda legal, en cambio a un comercio chico lo afectaba más, incluso pudiendo llegar hasta el cierre.
A la pregunta qué aportaba la Ley de Bases para el empleo estatal y los despidos que se realizaban, el doctor Pascual respondió que lo que regulaba principalmente era el empleo en el ámbito privado. “En el ámbito estatal, veo que en los ministerios a nivel nacional se están manejando con cautela, revisando aquellos contratos que no tienen mucho basamento real legal. Cada área a nivel nacional verá si los empleados que están contratados pueden llevar adelante esa función o si hay muchos nombrados con el mismo cargo, es decir lo que ya sabemos que pasa”, comentó.
El delegado confió en que las reformas laborales puedan ayudar a generar puestos de trabajo genuino en lo privado y que la gente se pase de lo estatal a lo privado. “Lo que promueve Nación es la promoción de la registración del empleo, que la gente tenga menos motivo para tener trabajo sin registrar o con registración defectuosa”, apuntó, acotando que Nación iba a hacer un seguimiento de las empresas para emplazarlas a esa registración.
Igualmente aclaró que aún faltaba la reglamentación de la nueva ley. “Veremos cómo se reglamenta esta parte de la registración”, dijo para destacar que se buscaba la registración plena y a la creación genuina de empleo autogestionado o registrado.
En tal sentido, ahondó diciendo que “el martes último hubo una reunión del secretario de Trabajo, Julio Cordero, con representantes de la CGT Nacional quienes le acercaron algunas inquietudes respecto a la implementación. Eso lo tomaron como una sugerencia, se van a juntar con algunas empresas en el mismo sentido y después acompañarán eso seguramente a las personas que está allegadas a reglamentar esta ley”.
Respecto a una reunión reciente con dirigentes de la CGT a nivel local, el doctor Pascual comentó que habían quedado en un acuerdo, que cuando saliera la reglamentación de la Ley de Bases se iban a reunir con la cúpula de la CGT, para ver qué facilidades le otorgaba esta nueva ley, como podía beneficiar a distintos gremios o si había alguna traba, cómo conseguir destrabarla.“Hasta ahora me siento muy satisfecho con las reuniones que hemos logrado”, afirmó.
“Profundiza la informalidad laboral”
Por su parte, el Dr. Nicolás Gauna, delegado en nuestra ciudad del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, hizo en principio un balance de la legislación laboral con el transcurso de los años y si estaba justificada la creación de la Ley de Bases. “Tenemos una legislación laboral que ha permitido desde el 2003 al 2015 crear casi 5 millones de puestos de trabajo en empleo formal, que tuvo una reducción importante en el 2015 al 2019 cuando se duplicó la tasa de desempleo y luego del 2019 al 2023, esa misma legislación permitió una recuperación del empleo después de la pandemia, durante 36 meses seguidos, llevando a la tasa de desempleo por debajo del 6 por ciento”, afirmó en principio.
“Por lo expuesto – continuó diciendo el delegado bonaerense-, este año no parecía una cuestión netamente laboral utilizar a los trabajadores como variable de ajuste. Parece que siempre la soga se corta por la parte más delgada, afectando a los derechos de los trabajadores”.
Hizo referencia a lo que catalogó como un problema endémico en Argentina: la falta de registración de empleos, es decir empleos no formales. “Hoy tenemos casi el 50 por ciento de los trabajadores en la informalidad, eso no solo afecta al trabajador que no tiene derecho a la seguridad social, aportes provisionales, sindicalización, derechos colectivos sino al Estado porque deja de recaudar”, advirtió.
Según el parecer del Dr. Gauna, la Ley de Bases venía a profundizar la informalidad laboral, quitando la multa de la Ley 24.013, ley nacional de empleo, por tener trabajadores sin registrar.
“Asimismo elimina la multa de la 25.323, -detalló- que duplicaba la indemnización por despido de los trabajadores sin registrar; elimina la multa del Pacto Federal del Trabajo para las actividades inspectivas de los ministerios de trabajo en los procesos de inspección laboral cuando se advertía incumplimiento a la legislación, con faltas leves, graves. También elimina el ítem para reclamar por los aportes retenidos y no ingresados a los organismos correspondientes. Es decir, todas las herramientas que existían para poder corregir esta desigualdad existente entre el trabajador no registrado y el registrado, las elimina. Aquel empleador incumplidor hoy se ve favorecido, y aquel que cumplía con la legislación laboral, encuentra que no tiene sentido cumplir porque no tiene ningún beneficio respecto a esa registración”, acusó.
Para el doctor Gauna, se va hacia un proceso de informalidad laboral, también creando la figura de los colaboradores, “que el fraude laboral más antiguo es: poner a un trabajador como colaborador a través de un monotributo disfrazado”, dijo, para aclarar que eso ya existía hacía muchos años, pero ahora se profundizará más.
El entrevistado continuó enumerando las modificaciones en marcha como la extensión del período de prueba en el empleo de tres meses a 6 meses, y hasta a un año, según la cantidad de trabajadores que tuviera la empresa.
Al respecto comentó: “Advirtiendo que se trata de un proceso de inestabilidad laboral, extenderlo más allá de los tres meses es dañoso para el trabajador. Un empleador que conoce su unidad productiva no necesita más de 3 meses para saber si el trabajador va a poder cumplir con la función”.
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