La baja de la edad de imputabilidad es una discusión que se reactiva en la Argentina cada vez que se produce un cambio de Gobierno. Y esta nueva etapa, con la ideología libertaria en el poder, no es la excepción.
La administración de Javier Milei reconoció públicamente que tiene el tema en la mira y dio detalles del debate que se realiza puertas adentro, antes de plantear un proyecto formal. “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, sorprendió Patricia Bullrich.
El proyecto que propondría la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y los recientes hechos aberrantes de inseguridad con participación de menores han vuelto a despertar un debate.
Actualmente los menores no son punibles hasta los 16 años y no faltan quienes promueven fijar el límite en los 12 años. La baja que propone el Gobierno no contempla distinción entre delitos y pone el acento en la reeducación o resocialización del menor.
Algunos especialistas en derechos humanos se oponen a ese tipo de iniciativas. Sostienen que no tienen incidencia en la problemática del delito, que profundizan el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez, que constituyen una criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo y que eluden una responsabilidad central del Estado, como la de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez.
“Es un discurso simplista”
Al respecto, el juez de Ejecución Penal de Junín, Dr. Silvio Galdeano, dijo a este diario que, si bien su competencia refiere al fuero de adultos, “me toca intervenir periódicamente en el fuero de menores por orden de mi tribunal superior en virtud de la injustificada demora en la cobertura de cargos judiciales”.
Sobre bajar la edad de imputabilidad, expresó: “Me parece que el tema de esa propuesta en principio es un discurso simplista ante los legítimos reclamos de la gente que exige seguridad, Hoy la edad de imputabilidad es de 16 años, y ¿en qué cambiaría, por ejemplo, bajarla a 12?”.
“Se incrementaría la superpoblación carcelaria, el menor egresaría del penal en peores condiciones de las que ingresó, y me parece que no sería la solución”, agregó y continuó:
“No hay una solución mágica para esto, una propuesta de esa índole tendría que estar enmarcada en una política criminal integral a largo plazo, que atienda a lo que es prevención del delito, a la contención social de los chicos, acceso a escuela, deportes, tratamiento contra las adicciones, etcétera, y a una detención en última instancia en condiciones dignas”.
“No olvidemos que acá rige la convención de los derechos del niño, el rango constitucional a la que el país está obligado, y esta convención prevé que la privación de la libertad de los niños debe ser por el menor tiempo posible y como último recurso”, afirmó.
Además, dijo que “las investigaciones científicas dan cuenta de que el cerebro de los adolescentes no se encuentra completamente maduro hasta cerca de los 18 años, en tanto no tiene mucho sustento científico el eslogan que dice delito adulto, pena de adulto”.
“Ya sobre esto se expidió a la Corte Suprema en el caso Maldonado del año 2005 donde prevé una pena diferenciada al menor respecto del adulto ante un hecho”, concluyó.
“Comienzan mucho antes a delinquir”
Por su parte, el exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín, Dr. Miguel Vilaseca, indicó a Democracia: “La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994, delega en cada Estado la responsabilidad de decidir cuál es la edad mínima para que un menor sea imputable penalmente. En nuestro país y en Cuba ese límite es de 16 años; en Bolivia y Venezuela es de 14 años, en Nicaragua es de 13 y en Ecuador 12 años”.
¿Cuál es el motivo por el cual en este país está limitado a los 16 años? “La doctrina considera a ese adolescente que está en una etapa de formación y por ende carece de la madurez necesaria para comprender determinadas conductas. Consideran que la criminalidad del acto se hallaría afectada por esa sola condición. Que por otra parte no existe forma de medirla, solo por la edad”, explicó Vilaseca
“Han pasado muchos años, y la realidad se ha impuesto por encima de esas normas. Si comparamos la edad promedio de las personas que se hallaban privadas de su libertad hace varios años atrás, con la actualidad, ella ha disminuido notablemente. La mayoría de la población carcelaria es de gente muy joven”, manifestó.
“Los hechos delictivos cada vez son cometidos por gente de menor edad, y comienzan mucho antes a delinquir. Y por supuesto ello se ve mucho más en el conurbano, y a diario las noticias policiales involucran en una gran cantidad de casos a menores de edad, que incluso ya cuentan con antecedentes de haber sido detenidos por hechos similares”, apuntó.
“Yo creo que una baja en la imputabilidad se hace necesaria. Y si bien es cierto que no existe la resocialización, más allá que así debería ser, permitirle continuar en libertad y seguir delinquiendo, no sería la mejor opción”, opinó.
Por último, sostuvo: “Todo ha cambiado y para peor. Cuando yo comencé la carrera judicial, prácticamente los delitos por robo, si bien eran menos, no se cometían con armas y era raro que se utilizaran. Hoy en día no se si habrá alguno que no sea cometido con armas de fuego. Y todos están muy relacionados con el consumo de estupefacientes y la adicción a ello comienza a muy temprana edad”.
“No es una solución al problema”
El secretario de Seguridad del municipio de Junín, Lisandro Benito, sostuvo: “Esto vuelve cada tanto a debatirse y es probable que esté requiriendo que el debate finalmente se efectúe en el ámbito que se tiene que dar, que es en el ámbito legislativo”.
“Muchas veces se han presentado proyectos, se tiran propuestas de campaña, pero nunca se avanza en el debate legislativo como corresponde y ahí uno puede tener las posturas más claras”, agregó.
Y confirmó que “hay países vecinos que tienen una edad más baja y eso no implica que tengan mejores índices de criminalidad en menores. Yo creo que en esto lo que hay que considerar particularmente es que no es una medida aislada la baja de la edad. No puede considerarse la baja de la edad como una solución al problema de la delincuencia juvenil.
“Acá hay que atender otras circunstancias como, por ejemplo, la atención rápida, inmediata, preventiva de los menores en situaciones de calle, la situación de los menores ligados a las adicciones, la situación de los menores en el ámbito de la deserción escolar. Creo que todas esas cosas son tan o más importantes que terminar debatiendo una cuestión de edad o cronológica”, dijo.
“Algunos plantean incluso que no es necesario un análisis de edad para analizar la imputabilidad o no, sino que es necesario un análisis más de tipo cualitativo, si se quiere, de las circunstancias particulares de cada caso y la situación psicológica de cada menor, porque claramente no es lo mismo un menor de 15 años en una ciudad del interior o en un pueblo interior que en una ciudad del conurbano o de una gran ciudad. Las situaciones son diferentes, más en un país con diferencias tan claras geográficas y tan grandes como es el nuestro”, afirmó.
“Me parece que no es una receta única, que a veces son cuestiones de slogans que se tiran como grandes soluciones cuando en realidad el debate sobre la situación de los menores y en situación de delincuencia juvenil es mucho más profundo”, apuntó.
“Me gustaría escuchar además qué vamos a hacer con los menores si se los considera imputables a más baja edad. ¿Dónde colocarlos? ¿Dónde atenderlos? ¿Se va a debatir, se va a proponer una situación sobre los lugares donde se alojarían estos menores y qué tratamiento, qué situación de reinserción social se va a dar con esos menores cuando hoy tenemos menores con de 16 o 17 años que son imputables y que tampoco tenemos un lugar adecuado para reinsertarlos y que encima terminan en situación peor, más ligado a la delincuencia, a las adicciones y más que estando en la calle?”, concluyó.
“Hay que garantizar la coherencia”
Por su parte, la Dra. Ayelén Barile, a cargo de la delegación Junín de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, apuntó a la necesidad de mantener la coherencia y unidad en el sistema jurídico y al desconocimiento de las estadísticas delictuales.
“Debe tenerse en cuenta la unidad de todo el sistema a los fines de garantizar la coherencia entre todas las normas que lo componen”, resaltó, y añadió que “cuando las modificaciones implican consecuencias sensibles en la población, como es el caso de la baja de imputabilidad penal, el respeto a los principios de derechos humanos que constituyen dicho sistema se vuelve imperioso”.
En tal sentido, apuntó que “el proyecto no respeta la constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional” y que “propiciar la creación de un sistema penal que iguale en consecuencias jurídicas a dos sujetos de derechos que son diferentes, implica un error tanto de técnica legislativa como de comprensión social y pragmática jurídica”.
Al respecto, Barile pidió precaución legislativa en tanto “estamos hablando de habilitar el poder punitivo del Estado hacia personas a las que antes no llegaba ese poder. Hablamos de personas que además son socialmente más vulnerables y jurídicamente más protegidas”.
Por último, la funcionaria provincial consideró que “no se analiza en profundidad las consecuencias prácticas que propone, también desconoce los números de la realidad, ya que sólo el 3% de los delitos cometidos por jóvenes en la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que no hay un análisis real”.
“Reconocer la deuda del Estado”
El abogado y exfiscal de Junín Dr. Javier Ochoaizpuro afirmó que “no solamente es responder a si estamos de acuerdo con la baja de la edad y la imputabilidad, sino que tiene que ver también con reconocer la deuda del Estado en tratar esta situación conforme lo marcan los pactos internacionales, porque hay toda una regulación internacional que consagra los derechos del niño, del joven”.
“Más allá de lo que pueda suscitar esto de hablar de niño, de joven o una persona que comprende o no una acción de cometer un delito, el tratamiento para determinadas edades debería ser abordado de distintas maneras, motivo por el cual es una cuestión que es mucho más integral y comprensiva de muchos aspectos”, manifestó
Pero también, “hay que reconocer que en esas edades es muy posible que sea más fácil abordar la comprensión y la resocialización que deban necesitar esos chicos para tener más oportunidades en su vida y menos chances de reincidir en la delincuencia”, señaló.
“No es un sí a favor o en contra, es una cuestión mucho más compleja porque los niños hoy, a través y gracias a un montón de tecnologías que han hecho que la información vaya mucho más rápida, pueden comprender más fácilmente el alcance de un injusto, una conducta que no solamente es moralmente disvaliosa, sino que también es penalmente disvaliosa”, destacó.
Además, continuó, “es verdad que, en esa franja etaria, el Estado, si estuviera más presente, podría tener muchas más herramientas y darle más oportunidades para que comprendan la ilicitud de esa conducta, pero que puedan integrarse nuevamente al contexto social. Yo creo que el Estado tiene que tener una firme decisión para abordar ese tema si es que deciden bajar la imputabilidad de la edad”.
“Primero habría que ver si efectivamente está preparado para darle la respuesta que los jóvenes y menores necesitan, porque no es solamente que comprenden que una acción es delictiva, sino también hay que darles más herramientas para que comprendan y que entiendan que esa conducta que llevaron por ahí no es la mejor y darles oportunidades para que puedan tener otras chances en la vida. Pero creo que el Estado primero tiene que estar convencido y tiene que ser sincero en decir si puede abordar esa problemática que es muy compleja”, concluyó.
“No perder energía en este debate”
En la misma línea, el abogado penalista Dr. Darío De Ciervo opinó: “Creo que modificar el régimen penal juvenil democrático no significa bajar la edad. Estadísticamente en la política criminal no se registra un número de delitos escabrosos con menores, salvo casos aislados que a veces cuando suceden abren otra vez el debate”.
“A mí me parece que hay un par de cuestiones que obstaculizan retocar esta cuestión, por ejemplo, derechos adquiridos en materia de derechos humanos, la convención de los derechos del niño, y hay un muy interesante trabajo de Unicef respecto de niños y adolescentes que tienen que consultarse”, destacó.
“Por una prohibición del principio de regresividad, no se pueden modificar los derechos adquiridos y entonces podría llegar a un cambio constitucional. Creo que hay un montón de situaciones que deberían modificarse rápidamente que están relacionadas con la seguridad y con la justicia y no perder energía en este debate que tiene estadísticamente aún un bajo índice delictivo importante”, cerró.
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