La superficie no cosechada (SNC) de soja, maíz y trigo, como consecuencia de la sequía alcanzó un área récord de 6,5 millones de hectáreas a nivel nacional, según marcó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De ese total, la provincia de Buenos Aires explicó un tercio de la siembra malograda, con lo que se convirtió en el distrito más perjudicado por la falta de lluvias.
"La SNC récord es solo una más de las consecuencias que dejó la sequía en esta temporada", dijeron desde la entidad bursátil, tras lo cual remarcaron que "la actual campaña no es mala, sino peor que mala".
En concreto, durante la campaña 2022/2023 la SNC de los tres principales cultivos a nivel nacional ascendió a 6.521.200 hectáreas, una extensión equivalente a la mitad del territorio de la provincia de Santa Fe.
La entidad bursátil precisó que la superficie no cosechada (SNC) comprende a la extensión de tierra cultivable que no se ha cosechado debido a diversos factores, entre por la falta de crecimiento de la siembra a causa de la sequía.
"En tiempos de sequía, este indicador aumenta debido a la falta de agua: los productores pueden verse obligados a abandonar la cosecha en áreas específicas o incluso en toda una parcela debido al bajo rendimiento y a las pérdidas económicas", detalló la BCR.
La mayor parte fue aportada por la soja, con 3,6 millones de hectáreas; seguido por maíz, con 1,9 millones de hectáreas; y el trigo, con 916.000 hectáreas. Al analizar jurisdicción por jurisdicción, la que más aportó al número global fue la provincia de Buenos Aires, cuya SNC ascendió a 2.218.500 hectáreas. Completaron el podio Córdoba, con 1,6 millones de hectáreas; y Santa Fe, con 1,4 millones de hectáreas.
Las cifras se conocen cuando está por comenzar el grueso de la cosecha del maíz tardío -que este año tuvo una histórica proporción-, aunque ya habían sido adelantadas por el presidente de la BCR, Miguel Simioni, en ocasión del remate del primer lote de soja.
"Por otro, fruto de la sequía, en nuestro país se dejará de cosechar un área similar a la mitad de la superficie de la provincia de Santa Fe", dijo el directivo.
La situación en Junín
Rosana Franco, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina, afirmó a Democracia que “son muy pocos los productores juninenses que cosecharon la soja de segunda”, con una superficie sembrada de 30 mil hectáreas. “Los maíces se cosecharon desde 400 kilos a 5 mil kilos. La soja de primera también se cosechó poco, de 500 kilos a 2500 kilos”, indicó la ruralista.
Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia que la situación en Junín “es similar a la del resto del país, en promedio: un desastre”. Y el dirigente rural advirtió sobre la delicada situación económica que atraviesan los productores: “El 80 por ciento está con deudas y refinanciando la campaña pasada, mientras toma deuda para la próxima campaña”.
Ayuda para arrendatarios
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires lanzó el “Programa de Recuperación Productiva para Arrendatarios”, con el objeto de acompañar y asistir a productores arrendatarios bonaerenses declarados en emergencia o desastre agropecuario.
El ministro Javier Rodríguez explicó que "es la primera vez que el gobierno de la Provincia lleva a cabo una acción de este tipo, destinada a beneficiar a las productoras y productores arrendatarios cuyas producciones se hayan visto afectadas por la emergencia".
El programa brinda una asistencia económica a los productores y productoras bonaerenses arrendatarios, en forma segmentada según la escala y hasta un tope máximo de hectáreas en producción. La misma será similar a los beneficios que obtiene de Arba un productor propietario.
Al plantearse desde noviembre que para las líneas de financiamiento por emergencia no era necesario presentar el certificado de emergencia agropecuaria (sino estar en un distrito declarado en emergencia), se les otorgó a los productores que son arrendatarios la posibilidad de acceder a esos créditos especiales. Ahora, con este nuevo programa, desde el Ministerio se les brinda un beneficio adicional para su recuperación, que los equipara con los beneficios fiscales que reciben los productores que son propietarios.
En el transcurso de este año, el gobierno bonaerense declaró el estado de emergencia agropecuaria en 90 municipios. El promedio de los últimos tres años muestra que uno de cada cuatro productores declarados en Emergencia y/o Desastre Agropecuario son arrendatarios de los inmuebles que producen, representando en el año 2023 el 37% de la totalidad de las hectáreas declaradas en emergencia.
En el marco de esta nueva iniciativa, los beneficiarios recibirán como incentivo un aporte no reintegrable en función de la superficie arrendada, el porcentaje de afectación y el impuesto inmobiliario rural correspondiente a ese período.
El aporte no reintegrable se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Índice de afectación (IA) por monto correspondiente al inmobiliario rural para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2023.
Rodrigo Esponda, productor y concejal por la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “Me parece una muy buena iniciativa porque es cierto que los prestadores de servicios, los arrendatarios, los que producen muchas hectáreas de la provincia de Buenos Aires quedan excluidos de la ley de emergencia. Y la verdad es que, si el sistema financiero no está acorde para enfrentar las próximas campañas, corren el riesgo de quedar sin esos campos para arrendar, con lo cual, son sujetos que hay que atender rápidamente, con un sistema financiero ágil, acorde a las circunstancias”.
Y agregó: “Espero que no quede en declaraciones y llegue realmente a todos los que necesitan este beneficio. Y que no sea un acto de campaña ni una utilización política para mostrarse cerca del campo, para después volver a quebrar la confianza de los productores. Ojalá esta idea se plasme en forma concreta y no que quede en una expresión de deseo o en una buena idea que nunca se concreta, como nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”.
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