En lo que va del año, en Junín ya se recibieron alrededor de 280 denuncias en la Dirección Municipal de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (OMIC), según un informe estadístico oficial, al que tuvo acceso este diario.
Según pudo saber Democracia, del total de denuncias tramitadas hasta el momento: 77 corresponden a denuncias contra bancos y tarjetas de crédito; 29 por planes de ahorro de autos; 14 sobre transportes de pasajeros, ya sean aéreos, trenes o colectivos; 14 por servicios relacionados a empresas de telefonía, celulares e internet; 9 contra compañías de seguros; 20 contra la empresa de distribución de energía eléctrica; y 117 por compras de productos bajo la modalidad online o presencial.
Desde el Gobierno de Junín resaltaron el gran trabajo que se lleva adelante desde esta dirección en favor de los vecinos de Junín que ven afectados sus derechos como consumidores y usuarios.
Consultada sobre la resolución de los casos recibidos, Alejandra Tomassone, titular de la OMIC, informó a este diario que "se mantiene un grado de conciliación de los expedientes que se vienen trabajando en un estimado del 70% de manera favorable a los consumidores y, el 30% restante, es remitido al Juzgado de Faltas, órgano de aplicación, donde se sugiere la inmutación de las empresas que hayan infringido la Ley 24.240, determinando, asimismo, la aplicación del daño directo a favor de los consumidores por los perjuicios o menoscabo susceptibles de apreciación pecuniaria".
Tasa OMIC
Cabe mencionar que, de ese monto que se recupera a favor de los usuarios y consumidores, se aplica la Tasa OMIC, a pagar por las empresas denunciadas y que los fondos recaudados por esta tasa se reinvierten al funcionamiento de la oficina y demás dependencias municipales, principalmente en educación y capacitaciones.
Para asesoramiento, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al número 440-7951 o por mail a [email protected] y para ingresar una denuncia, lo pueden realizar por la página web del gobierno de Junín en la sección servicios en OMIC RESUELVE y completar el formulario con la documentación requerida. También podrán concurrir personalmente a la oficina ubicada en Hipólito Yrigoyen 63 en el horario de 8:30 a 13:30 de lunes a viernes.
Código de Defensa del Consumidor
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Jimena Latorre, presentaron nuevamente un proyecto de ley para la creación del Código de Defensa al Consumidor, que había sido impulsado en 2020 y que acababa de perder estado parlamentario.
"La Ley de Defensa al Consumidor es una herramienta útil sin perjuicio de que la evolución social y económica, los cambios en la formas de consumo, comercialización, la irrupción de nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las relaciones de consumo que la coyuntura de pandemia y aislamiento aceleró, nos pone ante la necesidad de dar respuesta legislativa", señaló.
En ese sentido, consideró la necesidad de "adaptar una herramienta que durante su vigencia ha sido eficiente pero hoy la sociedad desafía a legislar con nuevos estándares de eficacia y eficiencia en la tutela de derechos y resolución de eventuales conflictos".
La iniciativa establece que el Código trata el derecho del consumidor como un derecho protectorio transversal, con jerarquía constitucional. Esto alcanza el derecho público - penal, administrativo, servicios públicos, impuestos, procedimientos administrativos y sancionatorios, políticas públicas así como privado, contratos, obligaciones, responsabilidad por daños, prevención, comercio electrónico y a distancia, responsabilidad legal genérica, y de otros tipos -género, acceso al consumo, ambiente, etc. y procesal -procesos individuales, colectivos, judiciales y administrativos, de quiebras, con consumidor actor o demandado.
El proyecto implica la Codificación, "construyendo una Teoría General para luego legislar en los Ejes principales del Derecho del Consumidor; articula los principios y reglas recogidos a lo largo de estos años, con una mirada hacia el futuro, en el entendimiento de que el avance de la globalización, la flexibilidad de la tecnología y los cambios de paradigmas e instituciones".
Esto requiere "estar a la altura de las circunstancias y ser capaces de brindar como legisladores, soluciones flexibles también a los cambios que la sociedad experimenta, sin que el paso del tiempo las convierta en inaplicables".
Acompañan el proyecto con sus firmas, los diputados UCR Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Ximena García; Gabriela Lena; Juan Martín; Fabio Quetglas; Lidia Ascárate; Roxana Reyes; Mario Barletta; Marcela Coli; Soledad Carrizo; Juan Carlos Polini y Gerardo Cipolini.
Fallo ratifica beneficio
La Cámara Nacional en lo Comercial ratificó que las demandas que se concretan en base a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) tienen el beneficio de justicia gratuita, que incluye la eximición de impuestos y costas del proceso, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por la Sala D de la Cámara en una causa presentada por la Asociación Civil por los Consumidores y el Medio Ambiente (Acyma) contra una agencia de viajes con sede en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Corte Suprema de la Nación se expidiera meses atrás a favor del reclamante.
La demandada cuestionó que se le permitiera a Acyma tramitar la causa sin afrontar la tasa de justicia ni, especialmente, las costas del proceso, como se había resuelto en primera instancia con la conformidad de la fiscalía.
La sala D de la Cámara recordó que el artículo 53 de la LDC prevé que "las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho individual gozarán del beneficio de justicia gratuita", que el artículo 55 extiende a las asociaciones que demandan en defensa de intereses colectivos.
"El beneficio de justicia gratuita -otorgado a Acyma- no solo incluye la tasa de justicia, sino también el pago de las costas", afirmaron los camaristas Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto.
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