Mientras se sigue aguardando una solución definitiva al conflicto laboral que se desató en el Registro de la Propiedad Inmueble, que provoca numerosos inconvenientes en distintas actividades profesionales y en el mercado de alquileres y compra venta de inmuebles, autoridades del Colegio de Martilleros de La Plata salieron al cruce de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires, entidad que había publicado un comunicado en el que rechazaron la extensión de la medida de fuerza y plantearon como “un atropello a los derechos de las personas”.
La medida de fuerza por mejoras salariales y rejerarquización del personal del Registro de la Propiedad Inmueble, trastocó los plazos de numerosos trámites que son vitales para la construcción y comercialización de lotes e inmuebles. Esa situación lleva más de dos meses y la documentación indispensable para construir y comercializar inmuebles se demora en salir del edificio de 44 entre 4 y 5. En este panorama desde la CIBA salieron al cruce de los empleados que llevan a cabo la medida de fuerza.
Ante ese panorama, desde el colegio de Martilleros distrito judicial La Plata plantearon ayer que “tenemos claro que este conflicto salarial que atraviesan los empleados del organismo complica nuestra actividad, pero no por ello debemos desentendernos de la problemática y mucho menos culpar a aquellos que pelean dignamente por un merecido incremento salarial”.
“El paro retrasa y dificulta el normal funcionamiento del sector inmobiliario, pero en lugar de echarle la culpa a los empleados, lo que hicimos fue emprender negociaciones con las autoridades de la Provincia, porque creemos que ahí está la solución”, indicaron en el colegio profesional.
Como se sabe, si bien hubo un acercamiento salarial, los trabajadores piden jerarquizaciones y reconocimientos, que no fueron contemplados en el último acuerdo. Los empleados autoconvocados desconocen un acuerdo al que arribaron gremios y el ministerio de Economía bonaerense.
Desde el Colegio sostuvieron que el comunicado de la Cámara responsabiliza a los empleados del Registro por la parálisis. En ese sentido, la entidad colegiada comunicó que “no compartimos estas declaraciones”.
Desde la CIBA plantearon que son múltiples los casos en los 135 partidos de la amplia geografía de la Provincia, en los que hay inquilinos que por diversos motivos debían haber restituidos los inmuebles que alquilaban e ingresado ya a los nuevos domicilios, viéndose impedidos por la actitud del personal de Registro de la Propiedad Inmueble que tiene cautivos y rehenes a miles de personas que nada tienen que ver con su problema.
Por el lado de la compraventa de inmuebles, los problemas son similares: sin los informes no se pueden suscribir boletos de compraventa y sin certificados no se firman escrituras traslativas de dominio, habiendo centenares de operaciones con plazos de realización vencidos y con miles de personas a la espera de mudarse”.
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