Un reclamo salarial en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, que ya supera holgadamente los 40 días de extensión, sigue sembrando preocupación en Junín, a partir de la parálisis de los trámites de certificados de dominio e inhibición de bienes, que expide el organismo.
Se trata de un documento clave para operaciones de compraventa de inmuebles, así como también para trámites como sucesiones o transferencias de titularidad de las propiedades.
La situación afecta el trabajo de abogados, escribanos y martilleros, pero la demora en los procedimientos termina golpeando directamente a los propietarios.
El distrito juninense no es ajeno a una problemática que alcanza a todo el territorio bonaerense, con desenlace incierto, al menos hasta el cierre de esta edición.
"Seguimos integrando una mesa de diálogo, a la espera de soluciones. Realmente, es un problema importante, que afecta a todos los operadores del Derecho", explicó a Democracia Sebastián Cosola, presidente de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la Provincia.
Según explicó, a raíz del conflicto, "los informes de dominio e inhibiciones no tienen fecha de salida". "Los certificados de dominio e inhibición, que son los que se necesitan para escriturar, se despachan con dos días antes de su vencimiento natural, entonces queda una brecha muy corta para tomar noticia de la situación del inmueble, es decir, para determinar si tiene un embargo o una medida cautelar", señaló Cosola.
El cese de actividades se remonta a las primeras horas de marzo, por lo que la oficina con sede en La Plata acumula expedientes sin ser procesados. "Los títulos de propiedad que ingresaron para inscribirse en los primeros meses del año, no tienen fecha de salida. No hay una fecha de resolución posible o probable. Nos afecta a los escribanos, pero también a los abogados con las sucesiones y a los martilleros para las operaciones inmobiliarias", lamentó Cosola.
Por otro lado, el titular de la Delegación juninense del Colegio de Escribanos aclaró que, en caso de que logre llegar a un acuerdo para el fin del conflicto, "la normalización de las actividades será automática, porque actualmente los procedimientos son virtuales".
"Más allá de ello, lo que ocurre es que, por la acumulación de trabajo que hubo en todo este tiempo, va a ser imposible el cumplimiento de los plazos normales en ciertos trámites. Es decir, si bien la virtualidad permite agilizar el trabajo, la vuelta a lo normalidad va a ser paulatina", aseguró.
El Colegio de Abogados de Junín también expuso su preocupación por la situación y transmitieron a las autoridades provinciales "la necesidad de que se resuelva el conflicto".
"Es importante que se pueda llegar a la solución, siempre considerando los reclamos de los empleados y teniendo en cuenta que el servicio público que brinda el Registro es esencial para la actividad de los abogados", subrayó el presidente de la institución, Santiago Bertamoni, a Democracia.
La situación inquieta también al sector inmobiliario local, que ya arrastra una serie de factores negativos en el contexto, como la inflación, la caída del valor de las propiedades en dólares y los vaivenes con la reglamentación de los alquileres.
"Nuestra actividad profesional se ve impactada directamente por la falta de entrega de informes de dominio e inhibición por parte del Registro. Es algo más que nos complica, más allá de la situación económica que ya nos venía golpeando", lamentó Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Junín, en comunicación con Democracia.
"Esto demora todas las operaciones en las que requerimos información del Registro, como los contratos de locación hasta la posibilidad de una venta de una propiedad. Este escenario dificulta la operatoria de las inmobiliarias de toda la Provincia de Buenos Aires, por lo que esperamos tener noticias alentadoras a la mayor brevedad posible", agregó.
E insistió: "Lamentablemente, se han combinado todos los factores para evitar que nuestra actividad se pueda desarrollar de manera normal. Sin documentación acorde disponible, con la situación cambiante del mercado cambiario, las versiones que hablan de cancelar o actualizar leyes de alquileres y la inflación constante, se pone difícil".
Finalmente, Di Palma admitió que, desde su lugar de directivo del Colegio de Martilleros local, no queda más "llevar tranquilidad a la sociedad" y apostar a que el escenario se modifique en el corto plazo.
"Tratamos de llevar tranquilidad a los colegiados y a toda la sociedad. Hay que entender que, como martilleros, somos mediadores entre la oferta y demanda, entre dos personas con sus respectivas familias y sus respectivos negocios. A partir de allí, hay que buscar las mejores medidas y los mejores consejos posibles", reflexionó Di Palma.
"Quienes tenemos algunos años en esta actividad y hemos atravesado situaciones similares, no podemos hacer otra cosa que transmitir calma a la comunidad y confiar en que pronto se resolverán estos inconvenientes", concluyó.
Pese a que días atrás se había anunciado un principio de acuerdo para destrabar la situación, lo concreto es que el comienzo de la semana llegó sin soluciones.
Reclamos a la Provincia
El reclamo se origina en que, según denunciaron desde el gremio ATE, existe un grupo de empleados del Registro de la Propiedad Inmueble que se encuentra encuadrado en un régimen de contratación vigente en la Ley 10.295, que deriva en unas condiciones salariales y jubilatorias precarias.
A partir de allí, desde comienzos de marzo se declaró el estado de asamblea permanente en el organismo, lo que mantiene el conflicto abierto, sin solución a la vista y con expedientes que se acumulan, sin posibilidad de ser tramitados.
Los distintos sectores afectados por la situación comenzaron a remitir reclamos al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, para que garantice el funcionamiento del organismo.
El Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, que contiene a Junín, envió un escrito dirigido tanto al organismo como al propio titular del Poder Ejecutivo provincial, para que gestione una "urgente solución" de la problemática.
En la nota fechada el 5 de abril, a la que accedió Democracia, el Colegio advirtió que "la situación imperante en el Registro importa una paralización total y absoluta de la actividad vinculada al mercado inmobiliario", lo que, a su vez, "genera perjuicios a la población en general".
También el Colegio de Abogados de Junín se hizo eco del comunicado emitido por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, en el que "sin desconocer el derecho sindical que ampara a los trabajadores a reclamar por lo que ellos creen que es justo", advirtió que "es deber de la Provincia mantener el servicio registral respecto a órdenes judiciales que deban cumplirse en el organismo".
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