Con una inflación prácticamente sin freno, abril comenzó con nuevos aumentos en distintos rubros, que seguirán presionando a la suba generalizada de precios, pero sobre todo a los bolsillos de los juninenses.
Así, el cuarto mes del año arrancó con incrementos en el gas (aún no se estableció el nuevo cuadro tarifario), prepagas, transporte público, servicio doméstico y colegios privados. Además, continúa la política de quita de subsidio a las tarifas eléctricas y vencen acuerdos de Precios Justos que habrá que ver en los próximos días si se renuevan y a que nivel de aumento, como el caso de las naftas.
Con una inflación que se estima para marzo más cerca de 7% que de 6% entre las consultoras y economistas, abril comenzó con fuertes incrementos.
Luz y gas
Con la llegada de los meses fríos en el horizonte cercano, se esperan aumentos en los servicios de luz y gas. Pablo Torres, presidente de Grupo Servicios Junín, afirmó a Democracia que están previstos incrementos, pero “aún no hay un nuevo cuadro tarifario”, al tiempo que señaló que la suba podría implementarse con el consumo de este mes.
En tanto, las tarifas de electricidad podrían registrar aumentos a partir de este mes o el próximo. Es que Edenor y Edesur ya implementaron aumentos y se espera que el Gobierno bonaerense autorice incrementos a las distribuidoras de energía eléctrica (entre ellas, EDEN) en las próximas semanas, según pudo averiguar este diario de fuentes bien informadas.
Transporte público: el boleto de los colectivos urbanos en Junín pasó de 60 pesos a 100 pesos, aunque era un incremento que estaba presupuestado desde enero, comenzó a aplicarse este mes, informaron desde el municipio.
Prepagas: este mes las prepagas también tendrán aumento. El incremento será del 2,36% para todos los afiliados por igual porque el Índice de Costos de Salud es inferior al 90% de la variación de los salarios formales (RIPTE), el indicador que se utiliza para fijar el incremento de la cuota de los que menos ganan, según la Superintendencia de Servicios de Salud.
Colegios privados: las cámaras de instituciones privadas con subvención estatal firmaron con el ministro de Economía el ingreso a Precios Justos, con lo cual está acordado previamente el nivel de aumento. Para este mes, será de 3,35%.
Combustibles: en este caso finaliza el acuerdo que se encuentra enmarcado en el programa Precios Justos que fijó con las petroleras un tope en los aumentos mensuales para la nafta y el gasoil y se estaría en tratativas para renovar. Además, vence la postergación del impuesto a los combustibles que el Gobierno venía retrasando para que no impacte en precios automáticamente. Los valores que se venían ajustando al 4% mensual estaban por debajo de la inflación y del ritmo de devaluación.
Personal doméstico: la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que depende del Ministerio de Trabajo, anunció un nuevo esquema de aumentos no acumulativos para los próximos meses, que implicará subas de 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio.
De esta manera, a partir del próximo mes, la remuneración por hora del personal para tareas generales con retiro será de $698, mientras que sin retiro será de $752. Por otro lado, el personal para el cuidado de personas valdrá $752 con retiro y $841 sin retiro.
Alquileres: estudian suspender la ley
Alquileres: a partir del 1° de abril entraron en vigencia nuevos aumentos en los alquileres, para los contratos que deberán renovarse este mes año/año. Así, para un inquilino que firmó contrato en abril de 2022 por $50.000, renovará con un aumento del 92,5% interanual, por lo que pasará a pagar $96.250 por la misma unidad. En comparación con las renovaciones realizadas en marzo, que se realizaron con aumentos del 89,6%, las actualizaciones de abril son casi tres puntos superiores.
Con la inercia inflacionaria, los próximos meses la tendencia sería al aumento de los porcentajes de indexación. En este contexto, el Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de alquileres, dijeron, ayer, fuentes del Palacio de Hacienda.
La norma fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020. La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron, anteayer, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar "el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida".
"Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley", sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que "los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes".
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres "debe cambiar, pero no de cualquier manera".
"Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades", señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una Ley del Congreso "necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad", ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
"Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción", explicaron desde la entidad inmobiliaria.
Por eso, solicitó que se traduzca "no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos" en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
"La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad", completó.
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que "la ley de alquileres - sancionada por el Congreso-, sigue vigente, modificarla por decreto sería inconstitucional". Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció, por último, que "los alquileres se están dolarizando, no hay contratos registrados".
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