Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez, realizan una recorrida por los distritos afectados por la sequía, para acercar a los productores las líneas de financiamiento especiales que lanzó la Provincia tras la declaración de la emergencia climática por parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en noviembre último.
En este contexto, se realizó, ayer, un encuentro en el municipio de Salto, del que participó el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla, en el cual se brindaron detalles acerca de los beneficios a los que pueden acceder los damnificados.
Entre los créditos disponibles, el Banco Provincia ya otorgó más de 2114 millones de pesos en créditos con tasas especiales a damnificados por la emergencia climática. El financiamiento tiene una tasa fija de 47% anual (con un monto máximo de $10 millones), 36 meses de plazo y ofrece hasta 6 meses de gracia. La tasa se reduce si el monto es de menos de $5 millones.
Hasta la fecha, la región que más créditos del BAPRO demandó fue Junín y alrededores, por un total de $874 millones; le siguen Chivilcoy, con $479 millones tomados; y Pehuajó, con $348 millones.
El MDA ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar que otorga montos de hasta $200.000, destinado a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción, y la reposición de animales muertos o afectados. También cuenta con una Línea de Financiamiento ante eventos climáticos extremos con montos de hasta $1.500.000 y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.
Al momento, desde el MDA se entregaron $158 millones a través del Fondo Agrario a productoras y productores agropecuarios afectados por la sequía.
Emergencia climática
De los 135 partidos bonaerenses, hoy son 67 los que están incluidos en la emergencia climática declarada por el Ejecutivo provincial. Cabe destacar que la ley establece que aquellos productores y productoras que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria. En tanto, aquellos que hayan sufrido una afectación de entre el 80% y 100% de su producción o capacidad de producción entran en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural.
Además, el decreto de declaración de emergencia establece la suspensión de ejecuciones fiscales hasta 180 días después de finalizado el periodo de emergencia y la prórroga de vencimientos de créditos en el BAPRO hasta que concluya la emergencia, teniendo luego 180 días para regularizar la situación mediante la cancelación de la deuda o su refinanciación.
Pérdidas
Como viene publicando este diario, las pérdidas para el campo por los efectos de la sequía extrema ascenderían en el partido de Junín a la friolera de 154 millones de dólares, según se desprende de un informe elaborado por el concejal y productor rural Rodrigo Esponda, en conjunto con ingenieros agrónomos.
En soja, con 63 mil hectáreas sembradas, se espera que sean afectadas por la sequía 157.500 toneladas, con una pérdida estimada de 71 millones de dólares. En trigo, con 37.200 hectáreas sembradas, y 37.200 toneladas afectadas por la sequía, se espera una pérdida de 10 millones de dólares.
En maíz, con 38.350 hectáreas cultivadas, y una afectación de 210.925 toneladas, las pérdidas ascenderían a 51 millones de dólares. En soja de segunda, con 45 mil hectáreas sembradas, y una producción afectada por la seca de 45 mil toneladas, se perderían 20 millones de dólares.
“A esta estimación de pérdidas hay que sumarle que, de lo poco que queda, el Estado se queda con el 67,2%. La seca no es un pronóstico, es una realidad”, advirtió Esponda.
Reunión de CAME y la SRA
Los titulares de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, mantuvieron, ayer, una reunión para evaluar el impacto de la sequía en las economías regionales y las mermas productivas que tendrán las diferentes producciones.
“Está en juego el capital de trabajo que los productores de la Pampa húmeda y de las economías regionales han invertido”, sostuvo González tras la reunión. Asimismo, analizaron la caída de rentabilidad que deberán afrontar los productores: “venimos de tres años de inclemencias climáticas. Tuvimos heladas y ahora la sequía. Si bien no se perdieron ingresos de divisas por exportaciones, los volúmenes de exportación descendieron considerablemente”, dijo González.
“De prolongarse las mermas, producto de las heladas y de la sequía que nos trajo el fenómeno de La Niña, se pone en riesgo la continuidad de la actividad productiva para el ejercicio 2023-2024”, agregó.
CAME destacó que las producciones regionales exportaron por US$ 7.500 millones en el período diciembre 2021-noviembre 2022 y que invierten anualmente alrededor de US$ 4.200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización.
En virtud de esta situación se propuso elaborar una agenda común, "con la finalidad de gestionar iniciativas que den respuestas a las demandas del productor, además de la promoción de instrumentos de alivio para el empresariado pyme de todo el país", indicó un comunicado de la cámara empresarial. Participaron también del encuentro el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, y director de la SRA, Juan Manuel Bautista.
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