Mientras se agrava la situación de la clínica IMEC de Junín, casi ochenta trabajadores del establecimiento sanitario privado ven peligrar sus fuentes laborales, al tiempo que llevan a cabo acciones de protesta por los salarios adeudados.
En diálogo con Democracia, Diego Fernández, abogado patrocinante del médico Mariano Ballester, accionista y exdirector de la sociedad anónima, afirmó que su cliente presentó la renuncia como presidente del directorio en agosto pasado. Debido a que no hubo acuerdo para la renovación de autoridades, se pasó a un cuarto intermedio, por lo que el directorio quedó prácticamente acéfalo.
Según pudo recabar Democracia, los abogados que intervienen en el caso observan dos caminos de salida al conflicto: el nombramiento de un nuevo directorio; o la intervención judicial, a partir de la cual se determinaría un nuevo administrador, hasta que se regularice la situación de la clínica.
Cuentas “congeladas”
Por su parte, Oscar Canavese, gerente de la clínica, pero que no integra el directorio, afirmó a este diario: “La clínica es prácticamente inviable y tiene una deuda que supera los 400 millones de pesos. Depende exclusivamente de PAMI y, al no tener un presidente, las cuentas quedaron congeladas. El dinero de PAMI ingresó, pero no se le pudo pagar al personal porque nadie tiene acceso”.
“Si el conflicto se judicializa, lamentablemente va a cerrar”, vaticinó Canavese, en referencia a los tiempos lentos de la justicia. En confianza, las fuentes consultadas reconocen que ningún accionista quiere asumir como presidente del directorio.
Merani: “PAMI nunca incumplió”
Andrés Merani, titular de PAMI Junín, afirmó a Democracia: “Nunca tuvimos injerencia real sobre el funcionamiento de la clínica. Pusimos un director médico, en su momento, para asegurar que se cumpliera con el convenio firmado, a través del cual el 70% de las camas de la clínica tenían que estar disponibles para nuestros afiliados, ya que para eso firmamos una adenda de exclusividad, que implica el pago de un 25% más por cápita”.
“El convenio se cumplió y no hubo problemas. Pero hoy la clínica está rechazando pacientes y los derivamos a otros nosocomios que trabajan con PAMI. Es un tema netamente privado, PAMI la ve desde afuera”, afirmó. Y remarcó que PAMI “pagó en tiempo y forma todo lo que tenía que pagar, nunca incumplió”.
“Aumentamos casi un 700% los ingresos de IMEC desde que estaba cerrada. Seguimos teniendo la voluntad de ayudar, pero no sabemos qué es lo que quieren hacer los accionistas”, señaló.
Azil: “Hay un desorden societario”
En tanto, Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, afirmó a Democracia que están en riesgo las fuentes laborales de entre 75 y 80 trabajadores. “Hay trabajadores que no cobraron el sueldo. Hay un desorden societario y el hecho de no saber quién está a cargo de la clínica genera mucha preocupación”, cuestionó.
“El ministerio de Trabajo bonaerense realizó, hoy (ayer), una inspección, para relevar a quién se le debe, cuánto se le debe”, indicó. “Hay socios que quieren sacarse la clínica de encima. Los directores tendrían que informar en qué situación está la clínica, queremos saber qué está pasando con la empresa, porque tenemos miedo de que se esté tramando algo para eludir la responsabilidad”, advirtió.
COMENTARIOS