Hace más de diez años que los vecinos de un sector de la zona del camino al Parque Natural Laguna de Gómez están denunciando que en un campo lindero se realizan fumigaciones que atentan contra la salud de los residentes.
Con decenas de expedientes iniciados y numerosas reuniones organizadas, todavía no encuentran una respuesta satisfactoria a los reclamos que van sumando.
Es así como una asamblea de vecinos de los barrios Real, Moya, Jardín y San Carlos elevaron una nota a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la intermediación del organismo, ya que los lugareños ven “vulnerados los derechos a la salud, a la integridad, a la vida digna, al goce de un medioambiente propicio para el desarrollo de nuestras familias, debido a las aplicaciones con agroquímicos de un campo que se extiende lindero a todos nuestros barrios”.
Para los afectados por esta situación, el tema clave es -por supuesto- la salud.
“Estamos viendo diferentes afecciones dermatológicas, bronquiales, en las vías superiores, dolores de cabeza, en personas de diferentes familias que están ubicadas en la zona”, explica a Democracia un miembro de la asamblea.
En tal sentido, en 2020 una familia del barrio Real le hizo un análisis en un laboratorio de La Plata a una niña que entonces tenía trece años de edad, en donde se detectó glifosato en su orina (ver facsímil). “Lamentablemente, en esa oportunidad se perdió la posibilidad de poder evaluar la presencia de otras sustancias y no pudimos volver a hacer el estudio porque, ya en ese entonces, tenía un costo de 16 mil pesos”, señala a este medio un vecino.
Por eso, en la misiva enviada a la Defensoría se destaca “la diversa sintomatología de muchos de nuestros miembros de familia, a quienes no podemos hacer los estudios clínicos de laboratorio para hacernos de mayor material probatorio, puesto que dichos estudios resultan muy costos, de la misma manera sucede con los análisis medioambientales de suelo y agua”.
Larga data
Como quedó dicho, el conflicto con ese campo y los vecinos del camino a la Laguna viene de larga data. Las denuncias se acumularon por más de diez años y los vecinos ahora resolvieron acudir a la Defensoría, decisión que se tomó el jueves pasado en una reunión que mantuvieron con representantes de la Región Sanitaria II y el Foro de Ambientalistas.
Ayer a la mañana, uno de los afectados se comunicó con representantes de la Defensoría en La Plata. “Nos dicen que, por lo que les explicamos, van a atender el caso”, se entusiasman.
Los vecinos saben que la Defensoría tiene una política de mediación, y ellos ya intentaron en varias oportunidades acudir a mediaciones extrajudiciales para llegar a acuerdos en buenos términos, pero el conflicto sigue en pie, después de más de una década de cruces. “De todas formas, estaríamos dispuestos a esta instancia, si se incorpora la figura del Defensor del Pueblo”, aseguran.
Lo cierto es que, hasta el momento, se sienten desprotegidos porque no encuentran quién represente sus intereses. “Lo que pasa es que Giecco (el dueño del campo) es una persona con poder”, argumentan.
La incidencia no es menor: son seis kilómetros del campo cuestionado los que lindan con propiedades de vivienda permanente.
La palabra oficial
Los asambleístas aseguran que tuvieron muchas reuniones con funcionarios municipales, de la administración anterior y de la actual. En la última, hace alrededor de un mes, participó el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello y la subsecretaria de Medio Ambiente, Perla Casella. Pero, hasta ahora, no hay respuestas satisfactorias.
“Como todos estos barrios figuran como zona rural, para el Municipio no se estaría realizando ninguna acción ilícita. Pero el Estado debería defender a los vecinos. El tema es que estos vecinos pagan impuestos por zona residencial”, argumenta una asambleísta.
“Las tasas residenciales no tienen nada que ver con la zonificación sino con los servicios que se brindan”, responden desde Benito de Miguel 5.
Lo cierto es que los vecinos de los barrios Real, Moya, Jardín y San Carlos creen que una opción sería una rezonificación del área, de manera que pase a ser residencial -habida cuenta de la cantidad de familias que viven allí-, algo para lo que se debería modificar el Código Urbano Ambiental, aprobarlo en el Concejo Deliberante y también la Provincia.
A todo esto, desde el Municipio observan que, efectivamente, están trabajando en el tema en la medida de sus posibilidades y hasta donde llega su jurisdicción.
“El Ejecutivo controla el cumplimiento de la ordenanza”, sentencia el secretario Legal y Técnico, Lisandro Benito.
El funcionario hace referencia a la ordenanza que establece una franja verde de 300 metros de zonas habitadas, productos específicos para aplicar, la obligatoriedad de hacerlo con fumigadores matriculados y bajo determinadas condiciones climáticas.
“Cada vez que hubo fumigaciones se cumplió con lo que dispone la ordenanza -agrega Benito- y cuando se encontró a alguien en falta, el Municipio no solamente inspeccionó, sino que, además, constató la infracción y sancionó al fumigador y al propietario del campo. Es más: ha habido hasta una sentencia del Juzgado de Faltas confirmada por la Justicia Correccional el año pasado, por no respetar la franja verde”.
Para los vecinos linderos al campo esto resulta insuficiente. Ahora la palabra la tiene la Defensoría del Pueblo y lo que pueda hacer por llegar a una solución.
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