Según un estudio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín (AIAJ), el Estado nacional recauda por todos los cultivos que se producen en el partido alrededor de $5300 millones en concepto de retenciones generadas por los llamados Derechos de Exportación.
El 75% de esta recaudación por retenciones, unos 4000 millones de pesos, son generados solamente por la producción local de soja, que tributa un 33%. En tanto, el trigo y el maíz poseen una tasa del 12%. Además, en carnes se tributa un 9% y la leche en polvo está en 9%.
“Le transferimos mucha plata al poder central y no regresa nada a las ciudades. Los caminos rurales y la seguridad provienen del Municipio o la Provincia”, afirmó a Democracia la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco.
“Es una vergüenza la extracción que se le hace al productor de soja, trigo y maíz. Si ese dinero quedara en las ciudades se traduciría en más inversión local y empleo genuino. El productor lo invertiría en su ciudad”, sostuvo.
En la misma línea, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Gustavo Frederking, sostuvo: “Como productor me quejo de que los concejales e intendentes del Interior no se quejen porque es una plata que se saca de los pueblos del Interior que seguramente se gastaría e invertiría en la zona”.
“Y la realidad es que pasa al Estado nacional y no vuelve en ninguna obra, camino, ruta o infraestructura. En Provincia hay que destacar como algo positivo que están haciendo un plan de mejoramiento de caminos rurales, que no tiene relación con las retenciones”, agregó.
“Las retenciones son un impuesto que solo existe en unos cuatro países y lo que sucede en el mundo es que te incentivan para producir. Acá sucede todo lo contrario”, manifestó.
“Como productores pedimos al Gobierno que no nos mire más, ya que cada vez que nos mira es un impuesto nuevo. Las retenciones no tienen que existir y están muy mal llamadas porque son derechos de exportación, y son una confiscación a mi criterio”, subrayó.
Por su parte, el productor Rodrigo Esponda, dijo que “este número tan impactante refleja la ineficiencia del Estado que se viene quedando desde hace muchos años con el dinero que debería circular en los pueblos del Interior y eso no sucede”.
“Los resultados están a la vista, con el 50 por ciento de pobreza, y desocupación creciente. Estos números ponen en evidencia que hay que apoyar a la producción, al que invierte y al que arriesga no solamente en el campo, sino en todos los sectores productivos de la Región”, agregó.
“La única forma de crecer es con empleo genuino con inversión genuina y privada. Estos números que se reflejan en la soja son los números que ponen en evidencia que el Estado no tiene que repartir riqueza, sino administrar y generar los escenarios”, apuntó.
“Tienen que dejar que los privados crezcan para generar la mano de obra y trabajo genuino que generan la libertad y la dignidad de poder trabajar y elegir”, concluyó.
480 productores
En el partido de Junín existen unos 480 productores agropecuarios que producen en 2100 explotaciones con límites definidos, según el último Censo Agropecuario Argentino.
El tamaño promedio de estas explotaciones ronda las 70 hectáreas, es decir que está por debajo de las de 270 hectáreas que comprenden el promedio general en toda la provincia de Buenos Aires.
Más allá de que este promedio es menor en comparación con los indicadores provinciales, el aporte económico a la economía local es trascendental, sobre todo en lo relacionado a la producción de soja.
Según la AZ Group, los productores invertirán solo para esta campaña de soja unos 365 dólares por hectárea, que se traducen en unos $3000 millones destinados a la siembra de más de 80 mil hectáreas de este cultivo estrella en la Región.
La clave para producir más
Desde la AIAJ expresaron su deseo para “que un futuro cercano y de la mano del asesoramiento de los ingenieros agrónomos, con las herramientas y tecnologías que hoy contamos, podemos producir más alimentos y hacerlo de manera sustentable aún. De tal manera que podamos producir, incluso en áreas periurbanas, en total consenso con la comunidad”.
La semana pasada el presidente de la AIAJ, Aimar Pena, en representación de los ingenieros participó de una reunión junto al intendente de la ciudad de Junín, Pablo Petrecca, legisladores provinciales, funcionarios y concejales locales, y representantes de todo el sector privado productivo de la Región donde expuso propuestas pensando en desarrollo productivo local.
“En el mediano y largo plazo es necesario diseñar un plan estratégico, en el cual el desarrollo de conocimiento local juegue un papel fundamental y para ello, las diferentes instituciones locales jugarán un rol fundamental en la integración con el sector”, sintetizaron desde la AIAJ.
Piden eliminar restricciones al flujo de exportaciones
El sector agroindustrial pidió eliminar todas las restricciones al flujo de exportaciones y reclamó que las tensiones políticas "no dañen la institucionalidad" en la Argentina.
El pedido surgió tras un encuentro entre referentes de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial, en el cual se analizó la complicada coyuntura que atraviesa el país.
En el encuentro se puso énfasis en la "necesidad de eliminar cualquier tipo de restricción o intervención al flujo de exportaciones".
Advirtieron que "son medidas que han demostrado no aportar las soluciones pretendidas, pero que generan impacto negativo en la producción y pérdida de empleo".
Sobre la situación política actual, manifestaron la "preocupación de que las tensiones internas no dañen la institucionalidad".
Abogaron porque el Gobierno "encuentre rápidamente un camino para promover políticas en favor de la creación de empleo, la producción, el consumo y exportaciones, evitando medidas intervencionistas que perjudican estos objetivos".
Durante la reunión, realizada en la sede de la Sociedad Rural, quedó ratificado que el Consejo Agroindustrial, por su objetivo, no participa en temas gremiales. De esa forma, es la Mesa de Enlace la que ejerce la representación gremial de los productores agropecuarios.
Por otro lado, se reafirmó la vocación de "continuar trabajando en pos de promover políticas agroindustriales que fomenten mayor producción, transformación y exportaciones con valor agregado, con visión federal e inclusiva de todos los sectores productivos".
Se acordó también profundizar el trabajo de generación de propuestas de políticas de Estado en favor del agro.
Destacaron el proyecto de ley que estimula inversiones y la "revisión de la política tributaria en pos de obtener una reducción que alivie la pesada carga, permitiendo expandir la actividad agrícola-ganadera, y las economías regionales".
Resolvieron mantener reuniones periódicas para coordinar acciones y continuar con la política de que un representante de la Mesa de Enlace integre las delegaciones que se reúnen con autoridades del Gobierno nacional.
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