Un proyecto legislativo busca penar los ataques a silobolsas y delitos rurales
La iniciativa impulsa crear la figura del delito de vandalismo rural con una pena de hasta cinco años de prisión.
Frente a los reiterados ataques al campo que vienen focalizándose en roturas de silobolsas y delitos contra la propiedad, además de incendios en predios con cultivos de maíz y soja, el diputado nacional Sergio Massa presentó un proyecto para combatir esta modalidad delictiva que aqueja al sector, que se trataría este mes en el Congreso.
La iniciativa impulsa crear la figura del delito de vandalismo rural con una pena de hasta cinco años de prisión, modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal.
A nivel país, desde el año pasado fueron rotos 184 bolsones con granos. En Santa Fe, se atacaron 69 y en la provincia de Buenos Aires 59. En tanto, en Córdoba rompieron 46 y en Entre Ríos fueron 10 los silobolsas siniestrados.
Adhesión de CRA
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió ayer un comunicado en apoyo al proyecto legislativo. “Los hechos de violencia a la propiedad privada se han repetido a diario el año pasado y desde CRA hemos propuesto una ley contra los ataques a silobolsas, por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados de llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos”, señalaron.
Y agregaron: “Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, las usurpaciones y los incendios intencionales en explotaciones agropecuarias”.
“Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica”, dijeron.
“Se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público”, afirmaron.