Pese al rechazo de la oposición, la gestión comunal del intendente Pablo Petrecca se apresta a sancionar, mañana, en el Concejo Deliberante -donde tiene mayoría propia- el proyecto de Declaración de Emergencia Económica, que le da atribuciones extraordinarias al Ejecutivo durante un año para, en líneas generales, reasignar recursos y revisar contratos y servicios.
Pero antes de eso, hoy por la mañana habrá una reunión de la comisión simultánea de Legislación y Presupuesto, en la que se tratará esta propuesta del intendente, en conjunto con otras de la oposición, y la rendición de cuentas del municipio (ejecución presupuestaria 2019), que vence el 31 de mayo próximo y será aprobada con los votos del oficialismo.
“Fuerza mayor”
La emergencia económica se presenta como un caso de “fuerza mayor” y tendrá vigencia por un año a partir de su promulgación, con la posibilidad de prorrogarla un año más en caso de que así lo decida el Ejecutivo.
Además, la emergencia comprende la prestación de los servicios, la ejecución de gastos, convenios, acuerdos y contratos, y se encuadra en el contexto de crisis económica, sanitaria, social y financiera que afecta al país.
Según lo expuesto, la finalidad es superar los efectos y recomponer situaciones críticas devenidas en el municipio a partir de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, obligatorio y preventivo; optimizar los recursos del erario público; recomponer el flujo de ingresos; reorientar la inversión y contener el gasto público; coadyuvar al sostenimiento de la economía y las finanzas de la administración municipal; propender al mantenimiento del equilibrio de las cuentas y finanzas municipales; asegurar la razonable prestación de servicios públicos esenciales, entre otros puntos.
Por esta emergencia económica, en caso de ser aprobada, el Departamento Ejecutivo Municipal estaría facultado para:
a) Optimizar los recursos materiales y financieros;
b) Revisar los permisos, concesiones y contratos, con el fin de recomponerlos de común acuerdo y de no ser posible proceder a su modificación, resolución, caducidad o rescisión;
c) Reasignar, readecuar, transferir y ampliar partidas presupuestarias;
d) Celebrar convenios de recaudación con instituciones y/o personas jurídicas para facilitar la misma;
e) Suspender durante la emergencia económica, la vigencia de las afectaciones de recursos y fondos dispuestos por ordenanza, para disponibilidad de otras partidas que resulten necesarias;
f) Arribar a acuerdos con acreedores, pactando financiación en cuotas. A estos efectos, queda facultado para hacer uso de la autorización prevista en el artículo 2730 del Decreto-Ley 6769158;
g) Arrendar o vender bienes del dominio privado municipal o de aquellos que estén bajo su custodia conforme la normativa vigente;
h) Suspender o reprogramar el tratamiento de acuerdos contractuales o convencionales vigentes, futuros y/o a celebrarse, conforme la evolución, sostenibilidad y posibilidades económicas y financieras de la Municipalidad;
i) Ejecutar obras y contratar la provisión de bienes y servicios, a través de la utilización de medios y herramientas de excepción previstas en la legislación vigente aplicable a los municipios.
Tolosa Rossini: “Evitar la burocracia”
El concejal oficialista Juan Tolosa Rossini (Juntos por el Cambio) afirmó ayer en diálogo con Democracia que, ante la pandemia, el Poder Ejecutivo necesita herramientas extraordinarias para continuar funcionando de la mejor manera posible dentro de este marco único, herramientas que también solicitaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
“Por esta situación excepcional bajó la recaudación de las tasas municipales en más de un 40 por ciento y, a la vez, la coparticipación provincial también se redujo. Esta caída de ingresos se ve reflejada en una disminución de la prestación de servicios. También hay que abocarse más a la contención social, la seguridad para prevenir que el virus entre a la ciudad, por ejemplo, priorizando la salud”, dijo el edil.
A su entender, la propuesta de Petrecca incluye “medidas para mejorar la prestación de servicios, la ejecución de gastos, y poder realizar convenios y acuerdos con mayor celeridad, evitando la burocracia de la administración pública. Señaló que el Tribunal de Cuentas está al tanto de todo lo que realiza el municipio para decir si está bien o no, y si hay algo que corregir”.
Consultado sobre si se informará el destino concreto de las partidas extraordinarias para la emergencia sanitaria enviadas por Nación y Provincia, como así también las donaciones de legisladores, ediles y entidades privadas, dijo que una vez que termine la emergencia se va a informar todo lo actuado por la Agencia de Desarrollo Productivo y el destino de lo recibido para paliar la emergencia.
“Es imposible de aprobar”, dijo la oposición
Luego de analizar el proyecto de emergencia económica enviado por el intendente Pablo Petrecca al Concejo y de comparar con las emergencias de los gobiernos Nacional y Provincial que se encuentran vigentes, “llegamos a la conclusión de que es imposible de acompañar”, afirmaron desde el bloque del Frente de Todos.
“En principio, el proyecto busca eliminar las facultades del Concejo. De ser aprobado, los concejales perderían las funciones que le otorga la ley, ya que ni siquiera está previsto un sistema de control a las atribuciones que plantea el municipio. De esta manera, el intendente absorbería superpoderes para tomar decisiones absolutistas sin la necesidad de consultar con nadie y de espaldas a la comunidad de Junín”, afirmaron.
Y agregaron: “Por otro lado, y luego de hacer diversas consultas jurídicas a especialistas, podemos asegurar que este proyecto infringe el Artículo 45 de la Constitución Provincial. Asimismo, como el municipio no brinda ni a los concejales ni a la sociedad información real, veraz y actualizada del estado económico, presupuestario y financiero de las arcas públicas, no es posible constatar el contexto de emergencia que lo lleva a solicitar este proyecto, que busca además profundizar la falta de transparencia y evitar todo tipo de control”.
“El intendente pretende tener discrecionalidad sin límite en la contratación de obras y servicios, sin control y evitando todos los procesos licitatorios. Si queremos saber si esto es importante, tenemos como antecedente la emergencia en el transporte público, en la que Petrecca contrató a su familiar Mingrino para darle de manera directa obras multimillonarias. Esta vez, además, pretende tener la facultad para vender propiedades municipales sin ningún tipo de control ni necesidad de discutirlo con nadie”, denunciaron.
“En este contexto, también quiere tener la facultad para disponer de los recursos que tienen una afectación específica para utilizarlos en cualquier destino. Por ejemplo, podría destinar los recursos afectados a Educación, Seguridad, Obras, Caminos Rurales, Salud y Niñez a pagarse su sueldo y el de sus funcionarios”, advirtieron.
“Otra de las facultades a las que aspira Petrecca es a vender la deuda municipal. Es decir, entregarles a actores privados la cobranza de las deudas que los vecinos tienen con el municipio. Pretende también dejar de pagarles a los proveedores y tener la facultad de cortar todos los servicios contratados, sin discutirlo con nadie”, alertaron.
“Además de las atribuciones que este proyecto busca otorgarle al intendente, nos preocupa que en sus líneas no ofrece ninguna mejora a los vecinos. Ni siquiera hemos tenido respuesta informal al programa de emergencia que hemos propuesto con acciones directas para beneficiar a los juninenses”, afirmaron.
“Ni la emergencia nacional ni la provincial tienen todas estas prerrogativas, pero tienen sí nuevos beneficios para los vecinos y crean programas de alivio fiscal, obras públicas, programas alimentarios, de salud y de educación”, compararon.
Y graficaron: “Por ejemplo, tanto en la Nación como en la Provincia con la emergencia se suspendieron los aumentos de tarifas; se creó el impuesto País para financiar a la Anses, al PAMI y para financiar programas de viviendas sociales; se hicieron efectivas reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales; se prohibió el despido de empleados; se creó la doble indemnización”.
Voces críticas
La edil Victoria Muffarotto (Frente de Todos) manifestó a Democracia su inquietud en cuanto a que “el municipio no ha brindado informe alguno sobre qué ha hecho con las partidas económicas excepcionales enviadas por Nación y Provincia, como así también donaciones de legisladores, ediles y entidades privadas como lo son algunos supermercados”, para destinar a paliar la situación de pobreza intensificada por la cuarentena.
Por su parte, su par de bancada Natalia Donati afirmó a este diario: “Veo demasiadas atribuciones sin ninguna junta evaluadora, sin el Concejo Deliberante de por medio, por ejemplo, para vender terrenos municipales, venta de oficinas de dominio público”, apuntó.
“Hay contratos muy importantes como el SAME, EVA S.A. (Relleno Sanitario), Transporte Público, Estacionamiento Medido. Son puntos muy sensibles. El contrato con Ashira le lleva más de 15 millones por mes, el relleno más de 3 millones por mes. Por otra parte, también se podría afectar el salario de los empleados, porque el Ejecutivo tendría amplias facultades”, advirtió.
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