En los últimos días, la excarcelación y el beneficio con prisión domiciliaria a presos considerados “población de riesgo” en medio de la pandemia de coronavirus entró al centro de la escena y generó distintas opiniones por parte de los arcos políticos y la opinión pública.
Desde la Justicia local afirmaron que en Junín solo tres personas salieron de los penales por el beneficio de riesgo médico y que hay 73 pedidos de prisión domiciliaria entre el Tribunal Oral 1 y el Juzgado de Ejecución Penal.
Uno de los primeros partidos en emitir un comunicado al respecto fue el grupo de concejales de Juntos por el Cambio, que advierte que se está poniendo en riesgo la seguridad nacional sin respetar el derecho de las víctimas.
Vemos con preocupación que no se tiene en cuenta la Ley de Víctimas. Javier Prandi, Juntos por el Cambio
Existe la necesidad de garantizar el aislamiento seguro, que es la única herramienta para prevenir el coronavirus. José Bruzzone. Frente de Todos
El concejal de Juntos por el Cambio Javier Prandi afirmó a Democracia: “Vemos con preocupación que no se tiene en cuenta la Ley de Víctimas, a partir de la cual debe escucharse y notificarse a las víctimas antes de proceder a la liberación, ya que se puede dar el caso de que un liberado pueda vivir en cercanía de los que fueron víctimas, teniendo también en cuenta la alta reincidencia que sabemos que tienen este tipo de conductas, poniendo en riesgo a toda la sociedad”.
Prandi agregó: “dicho por los propios integrantes del Ejecutivo Provincial, no tenemos los mecanismos necesarios para monitorear a los liberados y también entendemos que el propio Estado Provincial es quien debe darle un sistema de contención el sistema carcelario y no buscar por medio de la liberación sacarse un compromiso de encima”.
En tanto, la concejala Melina Fiel destacó que “el silencio también habla de complicidad. Por eso como legisladores y con la responsabilidad que eso requiere repudiamos la liberación masiva de presos en nuestro país. Las víctimas no pueden convivir con el miedo de que sus agresores encuentren la pronta libertad, violando la ley de víctimas. Principalmente aquellas mujeres que se las obliga a convivir con su abusador nuevamente”.
“Garantizar el aislamiento seguro”
Desde el Frente de Todos, el concejal José Bruzzone afirmó: “Es un tema que tiene varias aristas. Por un lado existe la necesidad de garantizar el aislamiento seguro que es la única herramienta para prevenir el coronavirus”.
Desde la cuarentena no liberamos a nadie y tenemos 33 pedidos de arresto domiciliario. Esteban Melilli. Tribunal Oral 1
Desde el Ministerio Público Fiscal nos oponemos a todas las liberaciones, salvo causas muy fundadas. Vanina Lisazo. Fiscal
“Si entra un contagiado en la cárcel, se puede expandir rápidamente afectando a los reclusos y también a las personas del exterior”, explicó.
“Sería un beneficio para los que no cometieron delitos graves y que tienen factores de riesgo. Veo que la oposición se ha concentrado en la salida de los violadores, para generar el rechazo en la sociedad”, agregó.
Más de 70 pedidos de prisión domiciliaria
Al respecto, el Dr. Esteban Melilli, juez del Tribunal Oral 1 de Junín, explicó: “A nivel local los juzgados que tienen presos a disposición son el de Garantías, cuando las causas recién inician y se está investigando; el Tribunal Oral, cuando se espera por el juicio o tenga firme la sentencia; y el de Ejecución Penal, que controla los penados”.
“Nosotros en el Tribunal Oral 1 tenemos 187 detenidos –ninguno liberado-, de los cuales algunos tienen arresto domiciliario desde el año pasado y 70 no tienen sentencia firme. Desde la cuarentena, no liberamos a nadie y tenemos 33 pedidos de arresto domiciliario y dos de excarcelación”, afirmó.
“De esos, resolvimos 12 que fueron denegados y algunos están ahora en la Cámara, ya que fueron apelados. De los 180 tenemos tres de más de 64 años y no hay ninguna persona grave o con enfermedad terminal”, explicó.
“El otro tema es que nosotros no tenemos ningún detenido con delito leve, algunos ya condenados y otros esperando por los debates orales que se vieron afectados por la cuarentena. Y las condiciones siguen dadas para que prosigan en el penal donde están”, aseguró.
“Nosotros mandamos a pedir los informes médicos para corroborar que los reclusos tengan una patología médica, que tardan en llegar”, subrayó.
En tanto en el Juzgado de Ejecución Penal, que tiene 490 detenidos con sentencia firme, hay 40 pedidos de detención domiciliaria desde el inicio del asueto. Dos fueron denegados, tres concedidos y del resto se aguardan los resultados médicos.
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