La diputada provincial por el Frente de Todos Valeria Arata presentó un proyecto de ley que busca crear el Programa de Asistencia Solidaria a Adultos Mayores (Pasam), cuyo objetivo es la asistencia permanente a través de organizaciones de la sociedad civil, de aquellos adultos mayores que no cuenten con recursos, asistencia familiar o ambas para abordar las limitaciones propias del aislamiento social y contribuir con la salida paulatina de este, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.
"Los adultos mayores son las personas más vulnerables en esta pandemia que estamos viviendo y es por ello que un programa de este tipo beneficiaría a aquellos que no pueden obtener recursos, ayuda o ambos por parte de sus familiares", explicó la legisladora por la Cuarta Sección Electoral.
Las organizaciones de la sociedad civil tendrán un rol fundamental, afirmó Arata.
“Esta Ley entiende por organización de la sociedad civil a sociedades de fomento, clubes de barrio, instituciones religiosas, sindicatos, colegios profesionales, ONG. La enumeración es meramente enunciativa, por lo que podrán incorporarse todas las organizaciones que lo soliciten, previamente autorizadas por la autoridad de aplicación”, indicó.
"Las organizaciones de la sociedad civil tendrán un rol fundamental a la hora de cumplir con los objetivos del programa, siempre bajo la coordinación y vigilancia de los municipios que adhieran a la norma. Elegimos este modo, para darle un marco jurídico, orden, transparencia y publicidad a lo que en muchas jurisdicciones ya está ocurriendo", afirmó.
Beneficiarios
Según esta ley, los beneficiarios de este programa son personas mayores de 60 años y se les prestará atención de acuerdo a la siguiente clasificación: a- Adultos mayores sin posibilidad de asistencia familiar y sin recursos; b- Adultos mayores sin posibilidad de asistencia familiar y con recursos propios; c- Adultos mayores con posibilidad de asistencia familiar y sin recursos propios o familiares.
"Para llevar adelante este programa, será estrictamente necesaria la participación de los municipios, quienes deberán adherir por Ordenanza o Decreto del Departamento Ejecutivo", explicó Arata.
Y finalizó: "La idea no es trasladar gastos a ninguna de las jurisdicciones sino organizar la ayuda en forma solidaria, por lo que el Estado solo deberá poner a disposición capital humano para realizar los registros, la coordinación y el control".
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