El manejo responsable de los fitosanitarios es un tema que genera enorme preocupación, especialmente porque las malas prácticas ponen en riesgo la salud de la población. De hecho, en noviembre último, por orden del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, efectivos del departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvieron al dueño de un campo de Pergamino, un ingeniero agrónomo y un aplicador de agroquímicos acusados de no respetar la franja verde.
En este contexto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó ayer –como anticipó en la entrevista con Democracia- los lineamientos para la conformación del Observatorio Técnico sobre Agroquímicos. Además anunció la suspensión de la Resolución 246/18 por un año.
“Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnica que la respalde, basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las universidades, INTA, Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)", afirmó Rodríguez.
Y aseguró: "Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos y tecnológicos no encuentran un lugar donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate, esa será la función del Observatorio”.
Y el jefe de la cartera agraria bonaerense aclaró que “a partir de que la anterior gestión no contempló la diversidad de las distintas realidades productivas que tiene la provincia de Buenos Aires y desestimó los avances que tienen varios municipios en materia de regulación de agroquímicos, el ministerio de Desarrollo Agrario decidió suspender la vigencia de la Resolución 246 por un año y convocó a organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos”.
“Esta Mesa se hace en función del cuidado de la salud, del medioambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua. Además se apunta a que las definiciones en materia de agroquímicos surjan a partir de la información entre los organismos públicos”, sostuvo. Participarán el ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA).
Observatorio
Además, la resolución del ministerio convoca a las universidades nacionales, provinciales, el INTA, los centros de investigación científico-técnicos con asiento en la provincia de Buenos Aires y el CIC, a constituir un Observatorio Técnico de Agroquímicos, que se dedicará a la producción, vinculación e intercambio de trabajos e investigaciones en relación a la utilización de agroquímicos y su impacto en la producción, la salud y el medioambiente.
“La falta de compromiso de la gestión anterior se hizo notar no solo en la falta de cumplimiento de la iniciativa, sino también en la argumentación”, afirmó el ministro.
“La redacción de esta norma -en referencia a la suspendida 246- es un tanto particular porque cuando parece que está prohibiendo, lo que está haciendo es permitiendo. Se trata de esas contradicciones discursivas a las que el gobierno anterior nos tenía acostumbrado. En pocas palabras lo que sostenía la norma, cuando se la analiza en detalle, es que se podía fumigar sin ninguna regulación o amortiguamiento real, efectivo, de ninguna índole”, cuestionó el ministro.
Alimentos
Para la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro, Liliana Monterroso, “es una iniciativa muy importante porque busca que se escuchen todas las voces de los protagonistas. Entre todos podemos lograr una muy buena reglamentación pensando en la calidad y la inocuidad de los alimentos que consumen los bonaerenses. Los agroquímicos tienen que ser usados de una manera segura y eficiente, sobre la base de un diagnóstico preciso y por los profesionales que corresponde, que son los ingenieros agrónomos”.
Por último, el vicerrector de la Universidad Nacional de la Plata, Marcos Actis, remarcó que “la actitud del ministro de encarar un problema como una decisión compartida con la sociedad, con el sistema científico, universidades, centros de investigación y que también estén los que producen, porque la cuestión es buscar una solución al problema que todos sabemos que ocurre desde hace años, es un gran avance porque la normativa que salga va a tener en cuenta todas las opiniones".
La presentación del ministro se hizo en un auditorio donde se pudo observar la presencia de investigadores y representantes de numerosas universidades nacionales y provinciales, entre ellas: UNLP, UBA, UNAJ, UTN, Unnoba, Unicen, UNLu, UNHur, UPSO, y UPEzeiza.
Estuvieron presentes por la cartera agraria bonaerense el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla, y la directora provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio. Además, la subsecretaria de Planificación y Control Sanitario del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, el subsecretario de Fiscalización de OPDS, Mariano Barrios, y la directora provincial de Gestión Hídrica de ADA, Andrea Cumba.
Las fumigaciones en Junín
La ordenanza 6425 establece una “Franja Verde” o franja de amortiguamiento de 500 metros desde la zona urbanizada o desde las escuelas rurales, y para los cursos y espejos de agua, a partir de 25 metros hasta 500 metros. Esto quiere decir que en esas zonas solamente se pueden utilizar productos denominados de “Banda verde” y deben ser aplicados por personas que estén inscriptas en registro de aplicadores del municipio. Además, antes de hacerlo debe informar la fecha de aplicación, el número de receta agronómica (autorizada por profesional matriculado) y la parcela donde se va a trabajar.
Jorgelina Meccia, titular de la oficina de Asuntos Agrarios del municipio, explicó que en esa dependencia suelen recibir denuncias por eventuales incumplimientos a la ordenanza municipal, pero que en el último tiempo bajó el número de presentaciones.
La ordenanza explicita que la infracción “hará pasible solidariamente al titular del predio, aplicador o a quien explote el fundo (causante del perjuicio ambiental de la franja verde en la que se desarrolle la actividad) de una multa equivalente a 5 módulos, representando cada módulo el sueldo mínimo vigente escalafonario del personal municipal al tiempo del pago de la multa”. En la actualidad, esos cinco módulos alcanzan unos 60 mil pesos.
Los lugares desde donde se reciben más reclamos son el Camino al Balneario, los alrededores de la laguna El Carpincho, Fortín Tiburcio e, inclusive, el barrio San Ignacio, ubicado en la Ruta 188, camino a Agustín Roca. En este último caso, el barrio no figura en una zona urbana, no obstante, desde el municipio informan que les piden a los aplicadores que vayan a ese sector y que tengan los mismos recaudos que toman en las zonas con franja verde.
Las denuncias se reciben tanto en el número telefónico 147 como en la secretaría de Producción del municipio. “Siempre decimos que todos los vecinos tienen el derecho de hacer las denuncias y ante eso debemos actuar”, advierte Macchia, para luego ampliar: “Tratamos de seguir de cerca el tema y estamos en contacto permanente con los aplicadores. Y aun cuando se piden las autorizaciones, controlamos que se estén haciendo las cosas como corresponde. Se hace control y seguimiento de la aplicación. En algunos casos hemos notado irregularidades y, cuando corresponde, se hace el acta de comprobación que se envía al Juzgado de Faltas para que se sancione”.
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