Intendentes de todo el país, con fuerte presencia de los bonaerenses por la Cuarta Sección Electoral, entre los que estaban Vicente Gatica, de Bragado (Cambiemos), Érica Revilla, de General Arenales (Cambiemos), Eduardo Campana, de General Villegas (Cambiemos), Germán Lago, de Alberti (PJ), Miguel Fernández, de Trenque Lauquen (Cambiemos), Pablo Petrecca, de Junín (Cambiemos), Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen (PJ), entre otros, defendieron ante la Corte Suprema de Justicia su potestad de cobrar tasas a empresas instaladas en sus distritos, en el marco de una audiencia pública "informativa" que tuvo del otro lado del estrado a la petrolera Axion, que cuenta con el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La audiencia, con el máximo tribunal integrado por la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti (Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en la causa), se realizó en el cuarto piso de Talcahuano 550, en Capital Federal, y tanto intendentes del oficialismo y opositores, legisladores como integrantes del Gobierno provincial, salieron en defensa de las comunas.
Los alcaldes, que dejaron la "grieta" por un instante, defendieron el cobro de las tasas a las empresas instaladas en sus distritos, que se trata de un 35% de los ingresos totales. En concreto, el reclamo que surgió por una presentación de Axion, de la familia Bulgheroni, es contra el cobro de la tasa en seguridad e higiene a la venta de combustibles en las estaciones de servicio.
El intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ, Fernando Gray, le pidió a la Corte "que se ponga del lado de los más humildes y desprotegidos" y destacó que las comunas tienen un presupuesto escaso pero realizan muchas prestaciones. Y como ejemplo citó: "La Ciudad de Buenos Aires emplea 2.200 millones en veredas, que es el mismo monto que tenemos nosotros como presupuesto completo para brindar seguridad, salud y educación a más de 300 mil vecinos".
Por la petrolera actuó la abogada María Inés Giménez y por la parte de la demanda lo hizo el intendente Martiniano Molina, con la colaboración de la subsecretaria de Coordinación Jurídica Silvina Lima.
Entre quienes no son “parte” actuante, hubo representantes de 40 municipios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y su sección bonaerense, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) el Ministerio de gobierno local y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre otros, quienes tuvieron cinco minutos para hacer uso de la palabra.
Distintas posiciones
La tasa tiene que ser un tributo “vinculado” al servicio, pero “no hay una estricta proporción”, afirmó la letrada de Esso, aunque, ante preguntas del tribunal negó que fuera confiscatorio, pero remarcó que se trata de un problema “que debe ser resuelto en el Congreso” y “no vulnerando el principio de territorialidad”.
La letrada recordó que la tasa se fija por la “capacidad contributiva” y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el 1% sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que “habría una extensión de la territorialidad” en el cobro.
Molina justificó la aplicación de la tasa por el “poder de policía” del municipio “que ampara el orden público y el bienestar del ciudadano” ya que “necesitamos personal para poder actuar”, destacó.
También ante preguntas de los jueces de la Corte, Molina dijo que la presión tributaria en la Argentina “es altísima”, pero negó que la imposición de las mismas esté relacionada con cuestiones electorales.
Al exponer, el ministro de gobierno de la provincia, Joaquín De la Torre, recalcó que la decisión que tome la Corte “tendrá un fuerte impacto” en las finanzas municipales y del estado bonaerense, y, teniendo en cuenta el nivel de pobreza de sus habitantes, “sobre los que más necesitan”.
De la Torre habló del concepto de “proximidad” y citó “dos hechos violentos de inseguridad”, en los que “la población se dirige a las plazas y protesta frente a las municipalidades”.
El intendente de Vicente López, Jorge Macri, expresó su apoyo al Municipio de Quilmes. Estuvieron presentes también los intendentes Gustavo Posse (San Isidro), Julio Zamora (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Nicolás Ducoté (Pilar), Oscar Luciani (Luján), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Arrieta (Cañuelas) y Walter Festa (Moreno), entre otros.
En el mismo orden expuso el abogado cordobés Antonio María Hernández como “amicus curiae”, quien dijo que “si la Corte hiciera lugar (a la demanda de ESSO) sería gravísimo para las finanzas comunales”, y estaría resolviendo en contra del artículo 123 de la Constitución Nacional, que garantiza la autonomía municipal, y del 75 sobre poder de policía local.
A las 13, Highton de Nolasco dio por concluida la audiencia previa firma del acta por quienes participaron en la diligencia.
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