Desde hace dos semanas el problema del déficit habitacional volvió a tomar fuerza en la agenda del ámbito público.
El intento de toma de un terreno en el Cuadrante Noroeste y el acampe que está realizando desde entonces un grupo de personas que demanda un lote, hizo que saliera nuevamente a la superficie este tema delicado, que también se repite en distintas ciudades de la Región.
Ante este escenario, hay distintos caminos que toman las administraciones municipales. La mayoría admite que es poco lo que se puede hacer sin la ayuda de las administraciones provincial o nacional. Y a eso se le agrega las dificultades que hay en algunas localidades para la disposición de tierras.
No obstante, hay gobiernos locales que están gestionando con éxito programas nacionales e, inclusive, hay algunos que están lanzando iniciativas con recursos propios.
25 viviendas en Junín
En la entrevista que dio el viernes a TeleJunín, el intendente Pablo Petrecca fue categórico: admitió que no pudo “dar una respuesta” como le hubiera gustado “porque el municipio no pudo comprar tierras”. Y reconoció que no dan abasto “porque no hay un banco de tierras”.
Para la gestión actual, el problema clave es la falta de lotes fiscales que permitan atender esta necesidad. “Los únicos que nosotros estamos pudiendo disponer son los que están en un área del Cuadrante, que se entregaron oportunamente y, cuando hay personas que no cumplieron con los requisitos de pagar, ni de construir, ni de cuidarlos, ni se presentan a las citaciones, es decir, cuando no se hacen cargo, hacemos un proceso legal por el cual se desadjudica para dárselo a una familia que esté registrada en espera”, explica la secretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari.
La funcionaria sostiene que “hay una representación social mediante la cual, pareciera que los lotes que están baldíos son del municipio, pero no es así, tienen un dueño”.
El trabajo que se hizo en su repartición es el de sistematizar los pedidos de lotes. Según dicen, había unos dos mil expedientes iniciados, pero sin orden. Desde que asumió la gestión Cambiemos, se convocó a los que tienen un trámite iniciado a reempadronarse, de manera de tener datos actualizados. En la actualidad, se activaron poco más de cien expedientes y se iniciaron otros 120 nuevos.
En la medida en que vayan surgiendo lotes, se irán adjudicando. “Para nosotros es un requisito ‘de oro’ la antigüedad y esa es nuestra prioridad”, afirma Ferrari.
En cuanto a los planes habitacionales, el municipio de Junín firmó un convenio con Nación mediante el cual se van a hacer 50 viviendas, de las cuales, ya comenzó la primera etapa en la que se están construyendo las primeras 25.
272 casas en Chacabuco
Más allá del apoyo a quienes no pueden pagar en alquiler –algo que también se hace en Junín– en el municipio de Chacabuco se entregaron terrenos y, además, se firmó un convenio con Nación para la construcción de 272 casas.
La primera etapa, que está por salir a licitación, es por 132 unidades. “Se van a construir en terrenos municipales”, explica el secretario de Gobierno de Chacabuco, Ignacio Orsini, para luego ampliar: “Es probable que haya que hacer un nuevo censo, pero en su mayoría ya están asignadas. De las 132 unidades, siete van a ser para discapacitados, con algunas adecuaciones específicas. Se trata de una inversión de Nación de unos 160 millones de pesos. El municipio pone los lotes y la infraestructura”.
Además, se reactivó otro plan de construcción del Instituto de la Vivienda, de 39 unidades, que había quedado parado.
Para Orsini, el municipio puede hacer poco con sus propios recursos en materia habitacional: “En este momento no estamos en condiciones de encarar ningún plan de viviendas. Sabemos que otros lo han hecho, es algo que tenemos pendiente desde hace tiempo, pero no solo de esta gestión”.
Dos programas en Lincoln
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Acción Social de Lincoln, hay en esa ciudad unas 600 familias que necesitarían una casa. “Pusimos el foco en el tema de viviendas e invertimos tiempo y dinero en ese punto”, asegura la titular de esa cartera, Valeria Menna.
Hay, entonces, dos programas en marcha que se están desarrollando con fondos municipales.
Por un lado está el plan de autoconstrucción mediante el cual se van a construir 20 unidades y, una vez finalizada esta primera etapa, se llevará a cabo una segunda por otras 20.
“Las 20 familias seleccionadas están trabajando en el proyecto con dos capacitadores: todos construyen todas las casas y, cuando terminen, se sortea qué casa le toca a cada uno. Una vez que esto suceda, se les va a cobrar en cuotas el lote y los materiales”, explica Mena.
Se trata de un proyecto que aborda la parte técnica pero también lo social, porque hay que consolidar el grupo y generar vínculos.
Para la selección de los beneficiarios, se utilizó una metodología muy común en trabajo social, que es la del semáforo, viendo quiénes iban aprobando y quiénes iban quedando afuera de cada uno de los requisitos.
La otra iniciativa es el Plan Semilla, para 30 casas: “Para este programa se debe contar con un lote y con la capacidad adquisitiva suficiente como para poder pagar la mano de obra. Se proyecta una vivienda semilla o evolutiva, que tiene 37 metros cuadrados, y el municipio provee la asistencia técnica y la entrega de materiales”. Las entregas se irán haciendo en etapas, se les ponen plazos y todo se sigue entregando bajo supervisión de avance de obra.
Esta propuesta se basó en una iniciativa similar que se implementó en la ciudad de Córdoba, donde los funcionarios linqueños fueron a conocer los pormenores y de donde recibieron la información necesaria como para replicarlo.
Banco de tierras en Pinto
En General Pinto se está terminando un programa de 36 viviendas, que corresponden a un programa que lanzó la administración nacional anterior y que estaban inconclusas.
“En este momento no hay nuevos planes de vivienda, hasta lo que yo tengo entendido”, afirma a este diario el intendente, Alexis Guerrera.
Para el jefe comunal, su municipio “no puede hacer planes de viviendas con sus propios recursos”.
Según dice, durante su gestión fueron comprando lotes y acrecentando un banco de tierras que, por el momento, no están poniendo a disposición: “Ante la situación económica por la que atraviesa el país, no nos parece oportuno que entreguemos terrenos a personas que no tienen accesibilidad al crédito. Si hoy no puede construir el municipio, mucho menos lo va a poder hacer un particular. De hecho, lo tenemos sondeado. Oportunamente, con el plan Procrear, había un rubro que era ‘sin terrenos’, y nosotros loteamos una manzana y pusimos a disposición de los vecinos que no tenían terreno con los mismos valores que daba el procrear como tope, y se vendió la mayoría. Pero la municipalidad tenía la garantía de cobrarlos porque era el propio banco el que lo pagaba, no obstante, el plan cambió en enero de 2016 y ya no tuvimos más compras de esos terrenos. Entendemos que venderle un terreno a familias que no están en condiciones de construir su casa propia, es una pérdida para el municipio que podrían ser utilizados ante la posibilidad de conseguir un nuevo plan de viviendas”.
Pero la eventualidad de un programa habitacional en General Pinto dependerá de los recursos provinciales y nacionales ya que este “no es un municipio con capacidad de financiar autoconstrucción”.
Proyecto de provisión de lotes en Alem
Algo similar a lo que ocurre en Pinto se puede ver en Leandro N. Alem.
“El déficit habitacional que tenemos nosotros es el mismo que hay en toda la provincia o el país”, señala el profesor Hugo González, secretario General del municipio. Según su análisis, “esto se vio plasmado en la última entrega del Plan Federal”, en la que quedó afuera más gente de la que fue adjudicada. Con ese programa se habían hecho 200 viviendas en el año 2005, con el plurianual reconvertido, unas 360 más.
“Es un problema siempre vigente, el tema es que ahora no se hace absolutamente nada”, insiste González, quien sostiene que es muy difícil que el municipio pueda promover un programa habitacional con recursos propios. “La única forma de encararlo seriamente son los planes de vivienda sostenidos en el tiempo, y que sean integrales, y el último fue el Plan Federal”, asegura.
Aquí, el gobierno local tiene un programa de mejoramiento habitacional que ayuda a las familias de bajos recursos para hacer arreglos o ampliaciones. Y también hay un proyecto en marcha que apunta a la provisión de terrenos: “Ahora estamos haciendo el relevamiento para hacer el listado. Lo que pasa es que, dado los costos de hoy en día, es muy difícil que alguien que viene con esas necesidades pueda construir, porque suelen ser personas de sectores vulnerables. No obstante, el proyecto está en marcha, fue aprobado por el Concejo Deliberante, así que estamos evaluando las necesidades para tener todo listo cuando llegue el momento en que se puedan entregar. La decisión política está”.
Martilleros presentaron un proyecto
Al analizar este tema, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, Daniel Di Palma, sostiene que nuestra ciudad “no escapa a las generalidades de la ley”, puesto que “hay un déficit habitacional que viene de hace años y es una gran deuda de las políticas implementadas en la Argentina en décadas”.
Para Di Palma, “más allá de que hay cuestiones puntuales y casos en los que esto se visibiliza, como lo que vemos en estos días, está claro que se deben tomar intervención eficiente sobre la situación de esa gente”.
Por eso remarca que la institución madre de los martilleros hizo una propuesta para paliar este déficit: “Nosotros hicimos un proyecto de ley a nivel nacional, y se lo presentamos al subsecretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, en el que, más allá de proponer reformas al Código Civil y Comercial nuevo, también incorporamos –en ese mismo proyecto– la promoción de construcción de viviendas para paliar el déficit habitacional, porque gran parte de ello termina en alquileres, lo que también genera una problemática en el mercado de locación, por la alta demanda y la poca disponibilidad de viviendas para la renta. En consecuencia, si se generan políticas como las que presentamos, que fomenten la construcción de viviendas, con exenciones impositivas y beneficios para el que las hace, esto permitiría paliar parte de este déficit”.
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